Actualidad de PI

La Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) ha publicado una regla final que entrará en vigor el 13 de agosto de 2026 y se aplicará a las peticiones presentadas a partir de esa fecha. Las solicitudes relacionadas con expedientes de patente abandonados, patentes caducadas por falta de pago de tasas de mantenimiento, reivindicaciones tardías de prioridad o beneficio y determinados plazos incumplidos del Sistema de La Haya quedarán sujetas a un examen reforzado cuando el retraso supere un año. El solicitante deberá explicar con detalle las circunstancias y demostrar que todo el periodo de demora fue involuntario; hasta ahora, esta exigencia adicional se activaba después de dos años.

La norma no elimina la posibilidad de restablecimiento ni eleva los importes vigentes de las tasas, pero adelanta en un año tanto el tramo superior de la tasa de petición como el umbral probatorio más exigente. En la práctica, el primer aniversario del incumplimiento pasa a ser una línea de riesgo mucho más clara. Conviene revisar cuanto antes los expedientes abandonados, los impagos de tasas de mantenimiento y las cadenas de prioridad incompletas, y conservar registros de control de plazos, comunicaciones internas, cambios de personal y la cronología de las medidas correctoras. Reconstruir esa historia al preparar la petición suele ser la parte más difícil.

El 30 de julio de 2026, la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) publicó un aviso oficial que califica el grave terremoto ocurrido en Japón el 28 de julio como una «situación extraordinaria» conforme a 37 CFR 1.183, 2.146(a)(5) y 2.148. Según el procedimiento afectado, solicitantes de patentes y marcas, titulares de patentes, partes en reexamen y titulares de registros de marca podrán pedir medidas como el reinicio de un plazo de respuesta aún no vencido, la exención de determinadas tasas de petición o recargos por anualidades, y otros remedios frente a retrasos causados por el desastre. En materia de marcas, el aviso también contempla la reexpedición de comunicaciones oficiales no contestadas y, cuando proceda, la devolución de tasas abonadas para reactivar solicitudes o restablecer registros.

La ayuda no se aplica de forma automática ni detiene todos los plazos. Normalmente, la parte afectada debe presentar una solicitud específica, explicar la relación entre el terremoto y el retraso e incluir una copia del aviso de la USPTO; algunas medidas relativas a patentes también tienen una fecha límite concreta. Los plazos y requisitos fijados directamente por ley quedan, en principio, fuera de este mecanismo. Conviene distinguir primero entre plazos establecidos por la Oficina y plazos estatutarios, y solo después elegir la vía procesal adecuada.

El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Brasil (INPI) anunció el 24 de julio que la DIRMA celebrará una reunión pública con las partes interesadas el 19 de agosto de 2026, con participación presencial y en línea. Uno de los puntos del orden del día será la presentación y discusión de criterios revisados de registrabilidad para las marcas de posición, tras el cierre de la consulta pública correspondiente el 24 de julio. La orientación adelantada por el INPI consiste en valorar conjuntamente el signo, su ubicación claramente definida y la percepción del público pertinente, en lugar de examinar la posición de forma aislada. El criterio definitivo deberá contrastarse con los materiales de la reunión y con cualquier texto formal posterior.

La distintividad adquirida no es un mecanismo que vaya a nacer únicamente el 19 de agosto: el INPI ya había completado trabajos de consulta y ajustado su marco de examen marcario mediante medidas adoptadas en 2025. Considerados en conjunto, ambos frentes muestran un mayor peso de la percepción del mercado y de la prueba de uso. Los solicitantes de marcas no tradicionales deberían ordenar desde ahora representaciones coherentes de la posición reivindicada, duración y alcance geográfico del uso, inversión publicitaria, materiales de venta, encuestas y referencias en medios. Una cadena probatoria continua y vinculada a los productos o servicios concretos puede resultar más decisiva que insistir únicamente en la originalidad visual.

El 1 de agosto de 2026, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) publicó sus primeras observaciones de examen tras el primer mes de aplicación del marco reformado de diseños de la UE. Desde el 1 de julio se aceptan formatos digitales dinámicos y tridimensionales como MP4, OBJ y STL, pero las primeras solicitudes han revelado un problema práctico: las renuncias visuales creadas mediante desenfoque, máscaras de color u otras técnicas no siempre se mantienen de forma coherente entre fotogramas o ángulos de visión, sobre todo en archivos generados con IA o exportados directamente desde programas de modelado.

El aviso de la EUIPO fija un límite claro. La parte excluida no puede quedar correctamente identificada solo en la vista principal. Si la máscara se rompe, se desplaza o entra en conflicto con la parte reivindicada en un solo fotograma o perspectiva, el examinador puede considerar que el alcance de protección no es determinable. La apertura a nuevos formatos no rebaja el estándar de examen; exige una revisión más rigurosa antes de presentar. Conviene comprobar cada fotograma y cada ángulo, asegurar la estabilidad visual de las partes no reivindicadas y conservar versiones del proceso de generación, modelado y exportación. La IA acelera el trabajo, pero también facilita que pequeñas incoherencias pasen inadvertidas.

En una vista de revocación de patente transfronteriza concluida el 31 de julio de 2026, el Tribunal Unificado de Patentes (UPC) mostró una clara cautela ante el uso de miles de textos teóricos y predicciones estructurales generados por modelos de lenguaje como prueba decisiva contra la novedad. Según las indicaciones formuladas durante la vista, el análisis se concentró en si esas supuestas divulgaciones estaban realmente disponibles antes de la fecha de prioridad, si contaban con respaldo técnico verificable y si permitían a una persona experta ejecutar la solución reivindicada. Las combinaciones puramente teóricas obtenidas mediante enumeración algorítmica podrían, por tanto, tener un valor limitado cuando no ofrecen una vía creíble de realización ni resultados reproducibles.

La orientación expresada en la vista no equivale a afirmar que todo material generado por IA quede excluido del estado de la técnica; la posición formal dependerá de la futura resolución escrita y de los hechos concretos. La consecuencia práctica es más precisa: quien solicite la revocación deberá probar algo más que volumen, semejanza textual o plausibilidad. Tendrá que acreditar disponibilidad pública, autenticidad y suficiencia técnica en la fecha pertinente. Para el titular de la patente, la respuesta pasa por examinar esos tres elementos, además del soporte experimental. La IA amplía con rapidez el universo de búsqueda, pero no sustituye los requisitos jurídicos y técnicos de una referencia capaz de destruir la novedad.

El 29 de julio de 2026, la Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China (CNIPA) publicó una guía complementaria para el examen de invenciones relacionadas con grandes modelos de lenguaje e inteligencia artificial generativa. La nueva orientación integra formalmente el cumplimiento de los datos de entrenamiento en el análisis de patentabilidad: cuando un modelo haya sido preentrenado o ajustado con conjuntos de datos protegidos por derechos de autor, el solicitante deberá incluir en la memoria una declaración sobre la licitud de su origen. La CNIPA también presentó una primera “lista blanca de fuentes de datos” con varios conjuntos de datos abiertos considerados fiables; la referencia clara a una fuente incluida podría evitar una revisión adicional de derechos de autor y permitir el acceso a una vía prioritaria de examen.

El cambio obliga a tratar la trazabilidad de los datos como parte de la estrategia de redacción y presentación, no como una verificación posterior. La utilidad real de la lista blanca dependerá de su alcance, de la frecuencia de actualización y de la práctica concreta de los examinadores. Para reducir riesgos, conviene conservar desde el inicio licencias, versiones de los conjuntos de datos, registros de adquisición y evidencias internas de uso.