Actualidad de PI

El 5 de agosto de 2026, decisiones recientes y comunicaciones prácticas de TÜRKPATENT mostraron un criterio más severo frente a solicitudes que reproducen marcas extranjeras. Aunque la marca de origen todavía no esté registrada ni haya sido utilizada en Türkiye, una solicitud que copie de forma idéntica sus elementos distintivos —denominación, diseño u otros rasgos— puede permitir inferir mala fe cuando la coincidencia no tenga una explicación razonable. Bajo este enfoque, el titular extranjero no tendría que aportar necesariamente una prueba directa de la intención subjetiva del solicitante para sostener el rechazo por mala fe.

El cambio resulta especialmente relevante para marcas que aún no han completado su protección en Türkiye: parte de la discusión probatoria pasa de demostrar qué pretendía el solicitante a valorar si la reproducción puede explicarse como una creación independiente, lo que puede facilitar oposiciones y acciones de nulidad. Aun así, la frontera entre una copia idéntica y una semejanza ordinaria deberá perfilarse con decisiones posteriores; no toda marca muy similar quedará automáticamente comprendida en este criterio. La presentación temprana sigue siendo la opción más segura, acompañada de archivos sobre creación, uso internacional, difusión de la marca y posibles vías por las que el solicitante pudo conocerla.

Este artículo actualiza nuestra nota del 27 de julio, «Arabia Saudita redefine el uso de obras para IA y la responsabilidad de plataformas».

La nueva Ley de Derecho de Autor de Arabia Saudita entrará en vigor el 12 de agosto de 2026 y sustituirá al régimen de 2003. Según la Autoridad Saudí de Propiedad Intelectual (SAIP) y las alertas de cumplimiento previas a su entrada en vigor, la reforma incorpora con mayor claridad el entrenamiento de inteligencia artificial, las licencias de software y la distribución digital de contenidos al marco de derecho de autor. El punto que más atención está generando entre las empresas tecnológicas es una excepción legal para el entrenamiento de IA, que puede permitir determinadas operaciones de extracción y copia de datos destinadas al desarrollo de algoritmos cuando se cumplan condiciones específicas, incluida la protección de los intereses de los titulares de derechos.

La ley también refuerza la eficacia jurídica de las licencias de usuario final aceptadas mediante click-wrap o shrink-wrap e integra la distribución por streaming en el ámbito del derecho de puesta a disposición del público. Para empresas de IA, software, SaaS y plataformas de contenidos con actividad en Arabia Saudita, el 12 de agosto funciona así como una fecha concreta para revisar la procedencia de los datos, los flujos de entrenamiento, la presentación de los EULA y las cadenas de licencias. La nueva excepción abre margen para el desarrollo tecnológico, pero no debe tratarse como una exención general aplicable a cualquier uso de obras o datos protegidos para entrenar modelos.

Los informes regionales del sector de propiedad intelectual publicados el 5 de agosto de 2026 reflejan una fase de reformas concentradas en Oriente Medio, con cambios que afectan a la clasificación de diseños, la observancia fronteriza de marcas y la coordinación de los sistemas de examen. Emiratos Árabes Unidos se acerca a la entrada en vigor de su adhesión al Arreglo de Locarno, y los profesionales ya analizan cómo la aplicación del sistema internacional de clasificación de diseños puede armonizar los criterios de las solicitudes transfronterizas. En Arabia Saudita, la reciente plataforma digital Tahaqaq conecta de forma más estrecha la información registral con la actuación aduanera contra productos falsificados.

Irak, Palestina y otras jurisdicciones también han comunicado ajustes de procedimiento y examen que apuntan a una aproximación gradual a prácticas más desarrolladas dentro del entorno del Consejo de Cooperación del Golfo. Para las empresas, el cambio exige algo más que seguir nuevas normas de forma aislada: las carteras de diseños necesitan una revisión temprana de clasificación y coherencia, mientras que los titulares de marcas deberían coordinar datos registrales, medidas aduaneras y herramientas digitales de observancia. La convergencia regional puede simplificar parte de la gestión, pero los calendarios de entrada en vigor y los detalles operativos siguen siendo nacionales; todavía no conviene tratar Oriente Medio como un único sistema de PI.

Las modificaciones de 2026 del Protocolo de Banjul de ARIPO entraron en vigor el 1 de marzo, pero su impacto operativo se aprecia con mayor claridad a medida que los profesionales trabajan bajo el nuevo marco. Dos puntos concentran ahora el riesgo práctico. Los Estados designados disponen de seis meses para comunicar la aceptación, la aceptación condicionada o el rechazo tras el examen sustantivo; si no hay comunicación dentro del plazo previsto, la solicitud se considera aceptada. La reducción del calendario obliga a revisar cómo se supervisan los expedientes y las decisiones nacionales dentro de una cartera ARIPO.

La otra presión aparece en el presupuesto. La tabla de tasas de 2026 establece un recargo de 10 dólares estadounidenses por cada palabra que exceda de 50 en la lista de productos de una clase. Las especificaciones extensas, especialmente cuando se trasladan sin depuración desde otros sistemas, pueden generar costes adicionales relevantes. La respuesta no debería ser recortar descripciones de forma automática: conviene revisar conjuntamente la clasificación, el alcance comercial y el número de palabras antes de presentar. En la práctica, la reforma está convirtiendo la gestión de plazos y la redacción de especificaciones en dos controles básicos de cualquier nueva solicitud ARIPO.

La Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) ha publicado una regla final que entrará en vigor el 13 de agosto de 2026 y se aplicará a las peticiones presentadas a partir de esa fecha. Las solicitudes relacionadas con expedientes de patente abandonados, patentes caducadas por falta de pago de tasas de mantenimiento, reivindicaciones tardías de prioridad o beneficio y determinados plazos incumplidos del Sistema de La Haya quedarán sujetas a un examen reforzado cuando el retraso supere un año. El solicitante deberá explicar con detalle las circunstancias y demostrar que todo el periodo de demora fue involuntario; hasta ahora, esta exigencia adicional se activaba después de dos años.

La norma no elimina la posibilidad de restablecimiento ni eleva los importes vigentes de las tasas, pero adelanta en un año tanto el tramo superior de la tasa de petición como el umbral probatorio más exigente. En la práctica, el primer aniversario del incumplimiento pasa a ser una línea de riesgo mucho más clara. Conviene revisar cuanto antes los expedientes abandonados, los impagos de tasas de mantenimiento y las cadenas de prioridad incompletas, y conservar registros de control de plazos, comunicaciones internas, cambios de personal y la cronología de las medidas correctoras. Reconstruir esa historia al preparar la petición suele ser la parte más difícil.

El 30 de julio de 2026, la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) publicó un aviso oficial que califica el grave terremoto ocurrido en Japón el 28 de julio como una «situación extraordinaria» conforme a 37 CFR 1.183, 2.146(a)(5) y 2.148. Según el procedimiento afectado, solicitantes de patentes y marcas, titulares de patentes, partes en reexamen y titulares de registros de marca podrán pedir medidas como el reinicio de un plazo de respuesta aún no vencido, la exención de determinadas tasas de petición o recargos por anualidades, y otros remedios frente a retrasos causados por el desastre. En materia de marcas, el aviso también contempla la reexpedición de comunicaciones oficiales no contestadas y, cuando proceda, la devolución de tasas abonadas para reactivar solicitudes o restablecer registros.

La ayuda no se aplica de forma automática ni detiene todos los plazos. Normalmente, la parte afectada debe presentar una solicitud específica, explicar la relación entre el terremoto y el retraso e incluir una copia del aviso de la USPTO; algunas medidas relativas a patentes también tienen una fecha límite concreta. Los plazos y requisitos fijados directamente por ley quedan, en principio, fuera de este mecanismo. Conviene distinguir primero entre plazos establecidos por la Oficina y plazos estatutarios, y solo después elegir la vía procesal adecuada.