Actualidad de PI

En Filipinas, el cambio reciente en materia de registro de derecho de autor ya no es solo una actualización normativa para archivar. Para la semana del 17 de junio de 2026, la señal práctica ya era bastante clara: las solicitudes pasan por el canal electrónico de IPOPHL y el registro empieza a funcionar menos como una ventanilla administrativa y más como un punto de filtrado sustantivo.

Lo más delicado está en la lógica de rechazo que ahora acompaña ese flujo. Bajo el marco revisado, la falta de autoría humana, originalidad o expresión creativa entra de lleno en el análisis de registrabilidad. Eso coloca a imágenes, textos y código generados íntegramente por IA en una posición mucho más frágil en la etapa de registro. Las obras asistidas por IA no quedan automáticamente fuera, pero ya no basta con una atribución genérica. Habrá que explicar con bastante más precisión dónde está la aportación humana.

El 18 de junio de 2026, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Brasil (INPI) anunció una nueva actualización de su sistema electrónico de examen de diseños industriales para alinearlo con los estándares digitales más recientes del Sistema de La Haya. Para los solicitantes que trabajan con interfaces gráficas de usuario, proyecciones holográficas y diseños dinámicos, el cambio es concreto: Brasil empieza a aceptar una representación digital más cercana al diseño real.

La novedad más relevante es la posibilidad de incorporar archivos habituales de modelado 3D y fragmentos de video como parte central del soporte probatorio, dejando atrás la dependencia de convertir movimientos e interacciones en secuencias rígidas de imágenes estáticas. No es un ajuste menor de formato. Puede alterar cómo se define el alcance de protección, cómo se comparan antecedentes y cómo se prepara una estrategia regional o global cuando Brasil forma parte de la cartera.

El 19 de junio de 2026, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) publicó una guía de carácter práctico sobre cómo acreditar infracción marcaria y solicitudes de mala fe en tiendas virtuales transfronterizas y plataformas de comercio electrónico. El problema al que apunta ya no se parece al viejo esquema de falsificación offline: vendedores anónimos, enlaces que migran, cuentas que reaparecen en otras plataformas y operadores extranjeros que comercian a través de escaparates virtuales difíciles de rastrear. A medida que México se acerca al hito de implementación del 22 de julio de 2026 dentro de su más reciente paquete de reforma industrial, la señal es clara: las controversias marcarias en plataformas van a examinarse con un estándar probatorio bastante más fino.

Lo importante no es solo que exista una nueva guía. Lo importante es dónde se está colocando ahora el punto de presión. Antes, muchos expedientes partían de la idea de identificar al vendedor y después actuar sobre la publicación o la tienda. IMPI parece moverse en otra dirección: tratar el enlace, la tienda virtual, la página de la plataforma y el punto de acceso como objetivos inmediatos cuando el presunto infractor se oculta detrás de anonimato o complejidad transfronteriza. Para los titulares de marca, eso cambia el orden de la prueba. Para plataformas y vendedores, eleva la exigencia de cumplimiento desde una fase mucho más temprana.

A medida que la consulta pública de CIPO sobre examen acelerado de patentes entra en sus últimos días antes del 23 de junio, el sistema canadiense empieza a mostrar una forma bastante más nítida. La vía rápida ya existente para tecnologías verdes no desaparece. Al contrario, sirve como punto de referencia para una reconfiguración más amplia que ahora perfila 2 caminos adicionales: un programa Track 1 ultra-rápido con tasa para solicitantes en general y una vía de aceleración sin recargo para solicitudes vinculadas a áreas tecnológicas clave.

La noticia no va solo de velocidad. CIPO está convirtiendo la aceleración en algo más estructurado: quién puede obtener prioridad, bajo qué condiciones procesales y con qué finalidad de política pública. Para los solicitantes, eso afecta el momento de pedir examen, la disciplina en la redacción de reivindicaciones, la estrategia de respuesta y la planificación de costes. En términos sistémicos, también apunta a una mayor conexión entre el orden de examen y las prioridades industriales y tecnológicas de Canadá.

Desde el 18 de junio de 2026, la USPTO ha pasado el Open Data Portal (ODP) a un esquema de acceso plenamente vinculado a cuentas registradas. A primera vista, parece una medida técnica para frenar tráfico no registrado y extracción masiva de datos. En realidad, va más allá. La oficina está empezando a separar el uso público ordinario de la explotación intensiva de datos de patentes, y lo está haciendo mediante identidad, registro y control del acceso.

La señal más relevante para los equipos de patentes es otra: el uso de IA generativa en la redacción ya no puede tratarse tan fácilmente como una simple capa de eficiencia. Cuando la IA interviene de forma significativa en memorias, reivindicaciones o en la preparación del IDS, solicitantes y agentes deben estar en posición de demostrar que la concepción inventiva esencial siguió siendo humana y que el contenido o las referencias generadas por IA fueron revisados con el nivel de rigor necesario para sostener las certificaciones de firma y las obligaciones de divulgación. La cuestión no es si puede usarse IA, sino si todavía puede usarse de forma ambigua.

A 20 de junio de 2026, el Departamento de Propiedad Intelectual de Tailandia (DIP) ya no está simplemente probando una fórmula más rápida para las marcas ligadas a la economía digital. La vía Fast Track 4 Month Plus+ ha empezado a mostrar su lógica real: no es un atajo flexible, sino un carril estrictamente controlado para solicitudes limpias, presentadas por vía electrónica, de una sola clase, con especificaciones normalizadas, búsquedas previas y una necesidad comercial creíble de usar la marca en plataformas en línea. Para las empresas que necesitan llegar pronto a marketplaces o cumplir requisitos de alta de plataforma, eso puede ser muy valioso. Pero la velocidad tiene un precio: menos margen para improvisar.

En paralelo, Tailandia también está moviendo otra pieza importante. Tras una nueva ronda de consulta pública, el proyecto de ley sobre organizaciones de gestión colectiva (CMO) para derechos de autor y derechos de los artistas intérpretes está tomando una forma regulatoria bastante más definida. El problema de fondo no es teórico. Es práctico: quién puede licenciar música y derechos conexos, con qué transparencia, bajo qué reglas de reparto y con qué nivel de supervisión cuando plataformas, intermediarios, usuarios comerciales y titulares de derechos operan en la misma cadena. Leídos juntos, la vía rápida marcaria y el proyecto CMO dicen lo mismo: Tailandia quiere un sistema de PI más ágil en la entrada y más verificable en la explotación.