Actualidad de PI

El Tribunal Popular Supremo de China somete a consulta pública dos proyectos de interpretación judicial desde el 14 de septiembre. Uno propone cómo determinar la ley aplicable a los litigios durante la transición; el otro aborda el control judicial de las decisiones sobre registro y validez de marcas. El plazo para enviar observaciones vence el 28 de octubre de 2026. La Ley de Marcas revisada entrará en vigor el 1 de enero de 2027, pero las interpretaciones siguen en fase de propuesta. Según el tipo de procedimiento, el primer proyecto toma como referencia distintas fechas, entre ellas la decisión de revisión, la aprobación del registro o el inicio de la revocación. Para las marcas cuya aprobación preliminar se haya publicado antes de la entrada en vigor de la ley, se propone mantener el plazo anterior de oposición de tres meses.

El segundo texto trata la protección de marcas notoriamente conocidas, el carácter distintivo de signos extranjeros y tridimensionales, los registros anticipados de marcas ajenas y la prueba de uso. La valoración de hechos posteriores a la resolución administrativa continúa abierta, con dos alternativas en consulta. JCIPO recomienda ordenar cronológicamente los expedientes pendientes y conservar los anuncios y resoluciones, junto con pruebas del reconocimiento del signo, de su uso efectivo y de los contactos entre las partes. Esta documentación permite formular observaciones concretas; la estrategia procesal deberá contrastarse con las reglas que finalmente se aprueben.

La Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) ha informado a través de TSDR de que varios registros incluidos en la edición del 8 de septiembre de 2026 de la Trademark Official Gazette contenían números de registro incorrectos o ausentes, lo que impidió completar correctamente el registro de esos expedientes. La USPTO ya ha actualizado el estado de los casos afectados y prevé corregir la incidencia y volver a emitir los certificados en la edición del 15 de septiembre. Todo apunta a un problema de procesamiento y datos registrales, no a un cambio general en el examen de fondo, pero sí puede alterar la forma en que se confirma la finalización del registro y se calculan los hitos posteriores.

En la práctica, conviene revisar los expedientes del lote del 8 de septiembre y no dar por concluido el registro basándose únicamente en certificados descargados anteriormente o en registros antiguos. A partir del 15 de septiembre, será prudente volver a descargar el certificado corregido y comprobar, caso por caso, el número de registro, la fecha de registro y el estado actualizado en TSDR antes de recalibrar plazos de mantenimiento. No debe asumirse que todas las fechas afectadas se desplazarán de forma uniforme; la referencia debe ser el registro oficial corregido por la USPTO.

La OMPI ha publicado nuevos importes equivalentes en determinadas monedas para las tasas de búsqueda cobradas por varias Administraciones encargadas de la búsqueda internacional. Según la página 134 de las Notificaciones Oficiales del PCT, desde noviembre la tasa de búsqueda del Ministerio de Propiedad Intelectual de Corea (MOIP) asciende a 325 USD para documentación en coreano y 867 USD para documentación en inglés; la Oficina Eurasiática de Patentes (EAPO) fija 104 USD para documentación en ruso y 462 USD para documentación en inglés; y Rospatent, 104 USD para documentación en ruso y 520 USD para documentación en inglés. Se trata de importes equivalentes vinculados a determinadas Administraciones, idiomas y monedas de pago, no de una subida uniforme de las tasas PCT a escala mundial.

La Comisión de Empresas y Propiedad Intelectual de Sudáfrica (CIPC) ha reforzado a comienzos de septiembre dos líneas de actuación estrechamente relacionadas: trasladar más gestiones a canales digitales y exigir que las empresas mantengan actualizados su domicilio social y su dirección física. En un aviso del 7 de septiembre, la CIPC advirtió que las empresas que se trasladan sin actualizar sus datos pueden seguir recibiendo notificaciones legales, documentos judiciales, comunicaciones de cumplimiento y otros avisos oficiales en direcciones ya obsoletas. La Comisión también ha anunciado el cierre de su centro de autoservicio de Johannesburgo a partir del 18 de septiembre, al tiempo que sigue orientando a los usuarios hacia eServices y otros canales en línea.

La consecuencia práctica es clara: el domicilio registrado ya no puede tratarse como un dato administrativo secundario. Si una empresa cambia de sede, modifica su representación o deja de utilizar la dirección previamente inscrita, conviene revisar y actualizar cuanto antes el registro ante la CIPC. Una dirección desactualizada puede generar incumplimientos y, sobre todo, hacer que la empresa no conozca a tiempo una demanda, una objeción o una actuación regulatoria. A medida que la CIPC reduce la dependencia de la atención física, las empresas deberían incorporar domicilios, contactos y datos de notificación a sus controles periódicos de cumplimiento.

El 11 de septiembre de 2026, profesionales regionales de propiedad intelectual volvieron a destacar una sentencia relevante del Tribunal Supremo Federal de los Emiratos Árabes Unidos, en un asunto llevado por Habib Al Mulla and Partners. El Tribunal sostuvo que un uso comercial previo, real y acreditado puede prevalecer frente a un registro posterior de la misma marca, incluso cuando el registro anterior del primer usuario hubiera caducado por falta de renovación. También confirmó la cancelación del registro en conflicto y rechazó objeciones procesales de la parte registrante posterior; el hecho de que la impugnación se hubiera planteado dentro del plazo legal de cinco años fue un elemento importante del caso.

La consecuencia práctica es clara: en EAU, un certificado de registro no necesariamente desplaza a quien pueda demostrar un uso comercial anterior de la marca. Las empresas deberían conservar facturas, registros de ventas, publicidad, documentos de distribución y otras pruebas de uso, sin descuidar por ello las solicitudes y renovaciones. La decisión refuerza la posición probatoria frente a registros oportunistas o de mala fe, pero no convierte el uso previo en un sustituto de una estrategia registral ordenada.

Este artículo actualiza nuestra nota del 17 de agosto, «Arabia Saudita amplía a 18 meses el plazo de denegación en Madrid».

Arabia Saudita está cerrando los detalles operativos para las designaciones bajo el Sistema de Madrid antes de que el Protocolo de Madrid entre en vigor en el Reino el 8 de octubre de 2026. La OMPI y la Autoridad Saudí de Propiedad Intelectual (SAIP) han confirmado que el país aplicará un plazo de 18 meses para notificar denegaciones provisionales y cobrará tasas individuales por las designaciones. SAIP también ha comunicado que no aceptará solicitudes de división de registros internacionales conforme a su marco nacional, y que tampoco estarán disponibles las operaciones de fusión vinculadas a esas divisiones.

Para los solicitantes, el efecto práctico es claro: una designación de Arabia Saudita puede permanecer más tiempo en examen que bajo el plazo ordinario de 12 meses, y una objeción que afecte solo a una parte de los productos o servicios no podrá aislarse mediante división para que el resto avance por separado. Conviene, por tanto, revisar con más cuidado la lista de productos y servicios antes de presentar la solicitud y presupuestar de forma específica las tasas individuales saudíes. El Sistema de Madrid simplifica la gestión internacional, pero no elimina las particularidades procesales nacionales que pueden condicionar la estrategia en cada país.