Actualidad de PI

Tras el Día Mundial de la Propiedad Intelectual del 26 de abril, la Oficina de Propiedad Intelectual de Filipinas (IPOPHL) ha publicado esta semana una guía de observancia para retransmisiones de eventos deportivos y productos relacionados. El punto operativo más relevante es la creación de una vía más rápida frente a emisiones ilegales en directo: los titulares podrán apoyarse en información presentada de antemano para solicitar el bloqueo temporal de dominios concretos vinculados a la infracción.

Para distribuidores de contenidos y marcas deportivas, la medida responde a un problema muy práctico. En el deporte en directo, el daño se produce durante el partido, no semanas después; por eso, un sistema de retirada rápida o bloqueo provisional puede ser más útil que una reclamación ordinaria tardía. Las empresas que operan en el Sudeste Asiático deberían revisar ya sus contratos de retransmisión, pruebas de titularidad, registros de marcas para productos oficiales y evidencias de monitorización antes de los principales eventos.

El Departamento de Propiedad Intelectual de Tailandia indicó esta semana, al responder al informe estadounidense Special 301 de 2026, que el proyecto de reforma de la Ley de Patentes ha entrado en la fase final acelerada del proceso legislativo. Aunque Tailandia sigue en la lista de observación de Estados Unidos, el mensaje práctico es claro: las empresas con solicitudes de patente, diseños o acuerdos tecnológicos en el país deberían revisar con antelación sus autorizaciones, calendarios de presentación y costes probables de tramitación.

En Malasia, la versión revisada de las Guidelines of Trademark 2019 (VA1-2026) de MyIPO ya está ocupando un lugar central en las auditorías de cumplimiento de muchas empresas. Los puntos más sensibles son el poder de representación (POA) y las marcas que contienen palabras o escrituras extranjeras. Si no se presenta un poder conforme dentro del plazo exigido, la representación puede no ser reconocida; si el signo incluye elementos no romanos o en otro idioma, conviene preparar desde el inicio la traducción y la transcripción. La revisión formal está dejando de ser un trámite menor en los principales mercados del Sudeste Asiático.

Con la plena aplicación del Reglamento Ministerial n.º 6 de 2026 en Indonesia, la DJKI ha lanzado esta semana una advertencia práctica desde su sistema en línea: las tasas por reivindicaciones excedentes en nuevas solicitudes de patente deben pagarse íntegramente al momento de la presentación. No es un simple detalle administrativo. La revisión del número de reivindicaciones, la preparación de la memoria y la comprobación del pago pasan a formar parte del mismo control inicial.

Para los solicitantes, el punto sensible está en el margen de corrección. Si la estructura de reivindicaciones no coincide con el pago efectuado, el problema puede aparecer justo en la entrada del expediente y afectar el ritmo de aceptación formal. Antes de presentar en Indonesia conviene revisar el juego de reivindicaciones, reducir dependencias que no aporten valor real y cerrar el presupuesto local con más precisión. La DJKI parece estar moviendo el procedimiento hacia una gestión más anticipada y verificable de las solicitudes de patente.

A comienzos de mayo, el Gobierno vietnamita intensificó la explicación y aplicación práctica del Decreto núm. 134/2026/ND-CP, en vigor desde el 9 de abril de 2026. La norma modifica el Decreto núm. 17/2023/ND-CP y desarrolla con mayor detalle la creación asistida por IA, el uso de textos y datos protegidos para el entrenamiento de modelos, la reserva de derechos por los titulares y las responsabilidades de los servicios intermediarios y las plataformas de contenido digital. Para proveedores de IA generativa, plataformas y empresas que utilizan contenidos generados con IA, la cuestión ya no se limita a indicar si hubo intervención de una herramienta automatizada.

El mensaje regulatorio es bastante directo: Vietnam quiere permitir el crecimiento de la industria de contenidos digitales, pero no a costa de diluir la autoría humana ni la trazabilidad de los derechos. Las plataformas deberían revisar cuanto antes sus flujos de generación, carga, distribución y retirada de contenidos, conservar registros técnicos útiles y aclarar en sus contratos quién responde por los datos de entrenamiento, las licencias y el uso comercial posterior. En este terreno, la falta de pruebas puede convertirse en el primer problema, incluso antes de discutir el fondo de una infracción.

Israel ha actualizado recientemente la aplicación de la Ley sobre Prórroga de Plazos y Aplazamiento de Fechas Límite, en respuesta a la situación regional. La medida ofrece un margen temporal automático para determinadas aprobaciones regulatorias y algunos procedimientos administrativos, lo que puede aliviar la gestión de expedientes de propiedad intelectual cuando las operaciones se ven interrumpidas. Aun así, no conviene leerla como una prórroga universal: la autoridad competente, incluida la Oficina de Patentes de Israel en los asuntos que correspondan, conserva margen para acortar o dejar sin efecto la extensión según el caso concreto.

El segundo frente es menos inmediato, pero puede pesar más en la organización interna de los titulares de derechos. El proyecto de Ley Nacional de Ciberseguridad, todavía debatido en mayo, podría imponer nuevas exigencias a quienes prestan servicios de almacenamiento en la nube, SaaS u otros servicios digitales vinculados al mercado israelí. Las empresas con carteras de patentes, marcas o licencias deberían revisar dónde se alojan los datos, cómo se controlan los accesos y qué obligaciones asumen sus proveedores. La prórroga ayuda con el calendario; la ciberseguridad obliga a mirar la gestión de la información con más anticipación.

La Oficina de Propiedad Intelectual de Baréin ha informado que el portal de PI afectado por una falla técnica ya está plenamente restablecido. La autoridad también precisó que las presentaciones tardías atribuibles a la interrupción del servicio no generarán recargos y no deberían perjudicar plazos esenciales, incluidos los relacionados con la prioridad.

Para los titulares y agentes, el alivio es útil, pero conviene actuar sin demora. La posibilidad temporal de aportar documentos legales certificados, como poderes, dentro de un plazo de tres meses reduce la presión de las formalidades internacionales; aun así, cada expediente afectado debería revisarse ahora en cuanto a comprobantes de presentación, pagos y documentos pendientes. El margen concedido sirve para ordenar la recuperación del trámite, no para desplazar indefinidamente la gestión interna.