Actualidad de PI

La Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI) ha lanzado la convocatoria 2026 de su Programa de Financiación de Proyectos Estructurantes basados en la Propiedad Intelectual, PFPSPI-2026, abierta a proyectos procedentes de sus 17 Estados miembros. El programa busca iniciativas capaces de vincular las herramientas de propiedad intelectual con objetivos de desarrollo económico y social; las solicitudes deberán presentarse a través de las estructuras nacionales de enlace de los Estados miembros. OAPI también ha puesto a disposición el comunicado, la convocatoria, el formulario de candidatura y una nota explicativa para preparar el expediente.

La lectura práctica va más allá de una nueva línea de financiación. OAPI está llevando la política de PI al terreno del diseño de proyectos, el desarrollo local y los resultados de interés público. Los solicitantes tendrán que explicar cómo patentes, marcas, diseños industriales, indicaciones geográficas o marcas colectivas pueden apoyar la comercialización, la construcción de marca, la difusión tecnológica o la creación de valor para comunidades concretas. Una candidatura sólida no debería apoyarse solo en un relato general de desarrollo: debe conectar el activo de PI, los beneficiarios, la ruta de ejecución y resultados económicos o sociales que puedan medirse.

La Oficina Japonesa de Patentes ha actualizado la información del vigésimo aniversario del PPH y señala que, en abril de 2026, 56 oficinas de propiedad intelectual ya habían implementado el Patent Prosecution Highway. El mecanismo nació en julio de 2006 como un proyecto piloto entre JPO y USPTO, y hoy funciona como una red de cooperación examinadora mucho más amplia.

Los datos más recientes también sitúan en 29 las oficinas participantes en el Global PPH, cuya secretaría está a cargo de JPO. Para las empresas con carteras internacionales, la lectura práctica es sencilla: el PPH conviene planificarlo antes, no solo cuando llega una primera resolución favorable. Un resultado temprano y aprovechable puede influir en los plazos, los costes y la estrategia de respuesta ante otras oficinas.

El Australian IP Report 2026 de IP Australia muestra un repunte claro en la actividad de protección durante 2025: las solicitudes de marcas llegaron a 97.345, un 13,3% más, y las de diseños alcanzaron 10.296, con un aumento del 7,1%. Ambas cifras son máximos históricos. Las solicitudes de patentes estándar, en cambio, bajaron ligeramente, un 0,5%, hasta 30.348, una señal de mayor selección en los activos tecnológicos que se llevan a registro.

La parte más útil del informe no está solo en el récord. La investigación citada por IP Australia indica que, tras obtener su primera patente o marca, las empresas suelen mantener mejoras en productividad, eficiencia de ventas e ingresos. Para las compañías que operan o planean entrar en Australia, conviene leer estos datos como una alerta práctica: la búsqueda de marcas, la protección del diseño del producto y la estrategia de lanzamiento no deberían dejarse para el final. En un mercado más activo, llegar tarde al registro puede costar más que presentar antes y con mejor criterio.

El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Brasil (INPI) ha puesto en marcha la Fase II de su programa de examen prioritario de marcas, con una ampliación relevante de los supuestos admisibles. Entre las nuevas categorías figuran las solicitudes de base brasileñas vinculadas a registros internacionales del Sistema de Madrid cuando el INPI actúa como oficina de origen, los solicitantes que necesitan la marca para operar en marketplaces, las comunidades tradicionales y la agricultura familiar, los solicitantes domiciliados en países con acuerdos de reciprocidad con Brasil y los casos en que el registro sea condición previa para obtener una licencia, autorización o concesión gubernamental.

La medida tiene una lectura práctica clara: el INPI está reservando parte de su capacidad de examen para expedientes en los que el tiempo de registro puede condicionar el acceso al mercado o a actividades reguladas. En 2026 el cupo total será de 3.000 solicitudes, dividido en dos fases de 1.500 cada una, con un límite de 10 por solicitante. Las empresas que usen Brasil dentro de una estrategia Madrid, o que dependan de plataformas digitales o autorizaciones públicas, deberían seleccionar antes sus expedientes prioritarios y reunir la documentación de soporte sin esperar al último tramo del lanzamiento comercial.

El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Brasil (INPI) ha situado la reducción de plazos entre los ejes de su plan de acción para 2026. La medida más visible es la incorporación de herramientas de inteligencia artificial para apoyar búsquedas, clasificación y examen sustantivo en marcas y diseños industriales. No es una mejora menor de gestión interna: si el sistema funciona con datos fiables y revisión técnica suficiente, puede alterar de forma sensible el calendario de protección para empresas que dependen de Brasil como mercado de entrada o de fabricación.

El plan también avanza en la protección regional de las indicaciones geográficas, con énfasis en la cooperación en América Latina y el Caribe y en el marco del Mercosur. La lectura práctica es clara. INPI intenta ganar velocidad sin aislarse del entorno regional, y eso obliga a preparar expedientes más ordenados desde el inicio: signos distintivos, diseños y denominaciones de origen deberán resistir mejor las búsquedas automatizadas, las comparaciones previas y eventuales objeciones formuladas con menos margen de espera.

La reforma de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial de México introduce un cambio relevante en la gestión de los procedimientos ante el IMPI: diversos trámites, incluidos el examen de fondo de patentes, el registro de marcas, las oposiciones y las renovaciones, deberán resolverse dentro de plazos máximos previstos por la ley. Si la autoridad supera esos plazos, tendrá que explicar las razones. Para los solicitantes, el punto central no es solo una posible reducción de tiempos, sino una mayor previsibilidad administrativa.

El nuevo esquema no elimina por sí solo los retrasos, pero sí cambia la forma de administrar expedientes en México. Las empresas podrán vincular mejor sus calendarios de solicitud, respuesta, renovación y vigilancia de oposiciones con un marco temporal más claro. Conviene, aun así, mantener expectativas prudentes: si el IMPI justifica demoras por complejidad del caso, carga de trabajo o problemas operativos, los tiempos reales seguirán variando. La utilidad práctica de la reforma dependerá de que los plazos vengan acompañados de información de estado más transparente y recursos de examen suficientes.