Actualidad de PI

El 8 de julio de 2026, durante la 68.ª serie de reuniones de las Asambleas de la OMPI, la representante permanente adjunta de Tanzania en Ginebra, la embajadora Hoyce Temu, intervino en nombre de su país y respaldó las declaraciones formuladas por Sudáfrica en nombre del Grupo Africano y por Nepal en nombre del Grupo de Países Menos Adelantados. Tanzania pidió un sistema de propiedad intelectual más inclusivo, equilibrado y preparado para el futuro, y sostuvo que la inteligencia artificial solo podrá impulsar de forma amplia la innovación y la transformación económica si las economías en desarrollo acceden también a creación de capacidades, transferencia de tecnología y herramientas de propiedad intelectual utilizables. Entre las prioridades mencionadas figuraron clínicas de gestión de PI para pymes y empresas emergentes, programas de transferencia tecnológica para universidades y centros de investigación, y el fortalecimiento de la capacidad de examen de patentes.

La intervención no equivale a una nueva norma de la OMPI sobre patentabilidad de la IA, ni los materiales públicos muestran que las Asambleas hayan aprobado licencias obligatorias o un supuesto «canal verde» para esta tecnología. Su relevancia política está en desplazar parte del debate desde la autoría y la titularidad hacia una cuestión más práctica: quién puede acceder a la tecnología, financiar su uso y participar en los beneficios del sistema de patentes. El siguiente paso será comprobar si la OMPI convierte el lenguaje de inclusión en apoyo estable al examen, plataformas de licencias y transferencia, y programas específicamente diseñados para pymes de países en desarrollo.

El Ministerio de Economía y Turismo de los Emiratos Árabes Unidos publicó el 7 de julio de 2026 una guía práctica de mitad de año sobre su servicio de examen de marcas en un día. La vía acelerada cuesta 2.250 AED, frente a 750 AED por el examen ordinario, pero el plazo de un día se refiere únicamente a la fase de examen. La publicación, el período de oposición y el registro final siguen siendo etapas separadas, y la tramitación acelerada no rebaja el nivel de control sustantivo.

La guía también refuerza la importancia de una clasificación precisa. Con la aplicación en 2026 de la 13.ª edición de la Clasificación de Niza, las descripciones relativas a software de IA, bienes virtuales, servicios vinculados con NFT y materiales de embalaje sostenible deben formularse con mayor detalle. En la práctica, la rapidez depende menos del pago adicional que de la calidad de la búsqueda previa, la clasificación y la redacción antes de presentar la solicitud.

Las novedades comunicadas en torno al 8 de julio de 2026 por la Oficina de Patentes de Israel y la práctica judicial relacionada precisan aún más los límites aplicables a las invenciones de software e inteligencia artificial. Tras la posición confirmada en el caso DABUS de 2026, el inventor designado en una solicitud israelí debe seguir siendo una persona física. En cuanto a la materia patentable, trasladar a un sistema de IA una lógica comercial, un procedimiento administrativo o una regla abstracta difícilmente bastará por sí solo. La solicitud debe conectar el algoritmo con un problema técnico concreto, una arquitectura de sistema y un resultado verificable, como una mejora de la seguridad de los datos, una reducción del consumo de recursos informáticos o una comunicación más eficiente entre componentes de hardware.

La consecuencia práctica es clara: la estrategia probatoria y la redacción deben prepararse antes. Una memoria centrada únicamente en el modelo, el método de entrenamiento o el resultado empresarial puede dejar sin sustento la contribución técnica; conviene explicar las restricciones, las etapas de procesamiento y la forma de medir el efecto alegado. El software de IA que mejore la eficiencia energética o reduzca el consumo computacional o del dispositivo también puede ser candidato a la vía rápida para tecnologías verdes, sin una tasa adicional de aceleración. La tramitación más rápida no rebaja los requisitos de novedad, actividad inventiva o carácter técnico, por lo que debe utilizarse como herramienta de calendario y no como atajo hacia la concesión.

El 9 de julio de 2026, la Oficina Turca de Patentes y Marcas (TÜRKPATENT) publicó una comunicación de cumplimiento sobre práctica y tasas para el segundo semestre. En materia de marcas, los procedimientos de cancelación administrativa por falta de uso durante tres años consecutivos funcionan ya como un mecanismo ordinario, lo que eleva el riesgo para registros defensivos sin pruebas sólidas de uso efectivo. Los titulares deberían reunir con antelación documentos vinculados a los productos o servicios pertinentes, las fechas y los canales comerciales. En patentes, la oficina reiteró que las tasas oficiales de 2026 —incrementadas aproximadamente entre un 20% y un 25%— para la entrada en fase nacional PCT y la validación de patentes europeas en Turquía se están aplicando estrictamente. La jurisprudencia previa del Tribunal Supremo turco deja además un margen muy reducido para recuperar derechos una vez vencido el plazo de validación de una patente europea.

La advertencia práctica es clara: mantener derechos sin uso real y gestionar expedientes internacionales al límite del plazo se ha vuelto más arriesgado. Conviene revisar las carteras de marcas defensivas, conservar las que tengan una función comercial concreta y documentar su uso de forma continua. Para asuntos PCT y EP, el presupuesto, la traducción, las instrucciones de pago y la fecha de presentación deberían quedar cerrados con suficiente antelación y someterse a una verificación independiente. En Turquía, confiar en una corrección tardía puede dejar de ser una estrategia viable.

La Autoridad Saudí de Propiedad Intelectual (SAIP) está preparando los sistemas necesarios para aplicar la Ley de Protección de las Indicaciones Geográficas y su marco ejecutivo, cuya entrada en vigor se prevé para mediados de noviembre de 2026. La iniciativa se conecta con una estrategia más amplia de protección de la cultura tradicional y la artesanía, e invita a los profesionales de sectores como el tejido, la carpintería y el cuero a revisar el uso de marcas colectivas y diseños industriales antes de que el sistema de registro de indicaciones geográficas esté plenamente operativo.

La recomendación práctica es combinar derechos, no esperar a que un único régimen resuelva todos los riesgos. Las marcas colectivas pueden ordenar la pertenencia, el origen y las condiciones de uso; los diseños industriales pueden cubrir formas, ornamentaciones y apariencias concretas; y una futura indicación geográfica podrá proteger el vínculo entre reputación territorial y método tradicional. Conviene documentar desde ahora la procedencia, la titularidad de los diseños, las especificaciones técnicas y las reglas de licencia, porque retrasar ese trabajo puede facilitar registros de mala fe, imitaciones y usos comerciales no autorizados.

El 6 de julio de 2026, la Oficina de Propiedad Intelectual de Vietnam publicó nuevas orientaciones de aplicación para las acciones de cancelación de marcas por falta de uso durante tres años consecutivos. El nuevo enfoque reduce la carga probatoria inicial del solicitante: cuando una investigación básica de mercado no detecte indicios de uso comercial real en los productos, servicios y canales pertinentes, el procedimiento podrá pasar con mayor rapidez a exigir al titular que explique y demuestre el uso. Más que una inversión absoluta de la carga de la prueba, el cambio introduce una obligación probatoria más intensa para el titular una vez que el solicitante ha realizado una búsqueda preliminar razonable.

En la práctica, el uso meramente simbólico tendrá menos capacidad defensiva. Ventas aisladas, operaciones preparadas principalmente para conservar el registro o una única página publicitaria podrían no bastar para mantener la marca. Quien solicite la cancelación deberá documentar con cuidado el alcance, las fechas y los canales de su investigación. Por su parte, los titulares deberían conservar facturas, pedidos, documentos logísticos, materiales de distribuidores, datos publicitarios y registros de ventas en línea vinculados a los productos o servicios registrados. Iniciar el procedimiento puede resultar más sencillo, pero la decisión seguirá dependiendo de si existen pruebas de un uso auténtico, lícito y con una escala comercial creíble.