Actualidad de PI

El 28 de agosto de 2026, la Oficina de Propiedad Intelectual de Filipinas (IPOPHL) puso en marcha oficialmente su Agent Recognition e-Portal, tras la entrada en vigor de los Memorandos n.º 12 y 13 sobre reconocimiento obligatorio de agentes. La oficina ha instado a las firmas activas que gestionan asuntos de marcas y patentes para clientes extranjeros a completar cuanto antes el registro y la verificación de identidad. Según el esquema anunciado, a partir del próximo trimestre determinadas comunicaciones oficiales de marcas, incluidas acciones de oficina y avisos de concesión o aprobación, pasarán a enviarse únicamente a las direcciones de correo registradas de agentes verificados, reduciendo progresivamente los canales disponibles para representantes no reconocidos.

El cambio no debe tratarse como una simple actualización administrativa. Los solicitantes extranjeros y sus corresponsales locales deberían comprobar ya si el agente está reconocido, si el correo de contacto de cada expediente coincide con el registrado en el portal y si el control de plazos sigue dependiendo de vías de notificación antiguas. IPOPHL ha vinculado expresamente el nuevo sistema con la lucha contra facturas fraudulentas de propiedad intelectual de alcance transfronterizo, lo que apunta a un control más estricto sobre quién puede recibir y gestionar comunicaciones oficiales. Retrasar la verificación puede convertirse en un riesgo procesal concreto si una acción de oficina o un aviso de aprobación deja de llegar por el canal habitual.

A 27 de agosto de 2026, el Reglamento del Gobierno de Indonesia n.º 30/2026 lleva casi un mes en vigor y ya se observan los primeros efectos prácticos del fuerte aumento de las tasas oficiales. Durante la transición de agosto entre el antiguo y el nuevo sistema electrónico se produjeron numerosos vencimientos de pago por problemas técnicos. La Dirección General de Propiedad Intelectual (DGIP) ha anunciado una medida de alivio limitada: los códigos de facturación (Billing Code) que hayan caducado por causas atribuibles al sistema podrán recuperarse una sola vez para completar el pago. La medida corrige incidencias de la migración tecnológica, pero no debe interpretarse como una ampliación general de los plazos legales.

Al mismo tiempo, la oficina de marcas de la DGIP está aplicando un criterio más estricto en el examen formal, especialmente en solicitudes que reivindican prioridad. Si el solicitante no presenta dentro del plazo legal documentos de prioridad conformes y su traducción oficial al indonesio, la DGIP ya no mantendrá necesariamente el expediente suspendido durante largos periodos a la espera de subsanación. La solicitud puede pasar a tramitarse sin la prioridad reivindicada y, en casos más graves, recibir una objeción formal. En la práctica, el margen para corregir después se reduce: conviene verificar con antelación el estado del Billing Code, la validez de la documentación de prioridad y la preparación de la traducción para evitar costes y retrasos adicionales bajo el nuevo nivel de tasas.

Nota del editor (24 de septiembre de 2026): al cierre de esta edición no hemos localizado la publicación oficial de las medidas descritas; el artículo se basa en boletines del sector y queda sujeto a confirmación oficial.

Según la actualización más reciente, de 29 de agosto de 2026, el Departamento de Propiedad Intelectual de Tailandia (DIP) ha puesto en funcionamiento ordinario su Digital IP Enforcement Center (DIPEC), concebido como un punto central de coordinación entre el DIP, grandes plataformas de comercio electrónico como Shopee, Lazada y TikTok Shop, y proveedores de servicios de Internet. El mecanismo descrito prevé una vía rápida para titulares de marcas registradas en Tailandia y titulares de derechos de autor cuando presenten pruebas suficientes de infracciones manifiestas, como la venta de falsificaciones que reproducen directamente una marca o la retransmisión no autorizada de contenidos deportivos y audiovisuales. En esos supuestos, las medidas de retirada o bloqueo de acceso se plantean con un objetivo de ejecución de 48 horas.

La utilidad práctica del nuevo canal está en concentrar denuncias que antes podían quedar dispersas entre distintas plataformas y operadores, y en añadir una expectativa temporal más clara. Aun así, el plazo de 48 horas no debería interpretarse como una resolución definitiva en dos días de controversias complejas sobre titularidad o infracción; está pensado, sobre todo, para casos con derechos y pruebas bien documentados. Para aprovechar la vía rápida, conviene tener preparados certificados de registro en Tailandia, cadenas de autorización, enlaces, capturas de pantalla y comparativas de la conducta denunciada. Una gobernanza de plataformas más veloz también obliga a vendedores y prestadores afectados por una denuncia a reforzar sus propios procesos de revisión y recurso.

El Ministerio de Economía y Turismo de Emiratos Árabes Unidos introdujo en agosto de 2026 dos novedades de cumplimiento estrechamente relacionadas con la propiedad intelectual y el control del mercado. El 11 de agosto publicó directrices sobre la gestión colectiva de música al amparo de la Decisión Ministerial n.º 136/2026, que establecen un marco de licencias y tarifas para usos comerciales de música en restaurantes, centros comerciales, gimnasios, hoteles y hoteles flotantes, aerolíneas, organismos de radiodifusión y conciertos; la recaudación de las tarifas está prevista a partir de diciembre de 2026. Por otra parte, la Resolución del Gabinete n.º 107/2026, reglamento ejecutivo de la Ley de Fraude Comercial actualizada, entró en vigor el 13 de agosto. Cuando la autoridad competente notifique a un proveedor, este deberá cesar la venta y exhibición y completar en un plazo de 24 horas la retirada de los productos afectados de mercados, almacenes y canales de venta posteriores; la información sobre la retirada deberá publicarse, por regla general, en árabe e inglés dentro de las 48 horas.

Aunque una medida pertenece al ámbito del derecho de autor y la otra a la lucha contra las falsificaciones, ambas desplazan el cumplimiento hacia la operativa diaria. Los titulares de marcas, grupos hoteleros y minoristas, usuarios de contenidos y proveedores transfronterizos deberían preparar con antelación los presupuestos de licencias musicales, la trazabilidad de inventario, los avisos a distribuidores y los protocolos de retirada. Si el proveedor incumple el plazo, la autoridad puede intervenir y repercutirle los costes, mientras que la Ley de Fraude Comercial prevé multas de hasta 2 millones de dirhams en determinados supuestos agravados. El riesgo práctico más inmediato no es solo la cuantía de la sanción: una ventana de 24 horas deja muy poco margen para improvisar la recopilación de pruebas, la localización de existencias o la coordinación entre canales.

El 25 de agosto de 2026, la Companies and Intellectual Property Commission (CIPC) de Sudáfrica publicó el Aviso n.º 41 de 2026 y confirmó un nuevo control de validación de perfiles de cliente en su entorno eServices. Al crear o actualizar un perfil, el sistema comprueba ahora si el correo electrónico o el número de móvil ya están vinculados a otro cliente de la CIPC. Si detecta una coincidencia, genera un error y exige datos de contacto que no estén asociados a otro perfil. La medida coincide con el 15.º aniversario de la CIPC y con su insistencia en operar como regulador apoyado de forma creciente en procesos digitales.

El efecto práctico recaerá sobre todo en agentes y equipos de tramitación que hasta ahora reutilizaban un correo corporativo o un mismo teléfono para varios clientes. Ese esquema puede bloquear el proceso antes de que una presentación, una actualización o un pago llegue a completarse. La novedad no cambia las reglas sustantivas de sociedades o propiedad intelectual, pero sí convierte la calidad y unicidad de los datos de contacto en un requisito operativo mucho más estricto. Los despachos que trabajan con la CIPC deberían revisar cuanto antes los correos, móviles y responsables de las cuentas activas para evitar que un conflicto aparezca justo antes de una actuación con plazo.

El 21 de agosto de 2026, la Oficina de la OMPI en Nigeria organizó una sesión en línea titulada “Using IP as Collateral in Nigeria: Opportunities and Challenges”, acercando a la práctica bancaria una cuestión que durante años se ha tratado sobre todo en términos de política pública: si las patentes, las marcas, los derechos de autor y los ingresos asociados pueden convertirse en activos que los bancos estén dispuestos a financiar. El momento es significativo. La Política y Estrategia Nacional de Propiedad Intelectual de Nigeria (NIPPS) fue aprobada por el Consejo Ejecutivo Federal en noviembre de 2025 y presentada formalmente en diciembre de ese año, con la comercialización, el acceso a financiación y la valoración de activos de PI entre sus prioridades de implementación.

La dificultad ya no consiste simplemente en afirmar que la propiedad intelectual puede servir como garantía. Las entidades financieras necesitan saber cómo se valorará, dónde y cómo se perfeccionará la garantía, qué prioridad tendrá frente a otros acreedores, qué ocurrirá en caso de incumplimiento y hasta qué punto activos distintos —como software protegido por derecho de autor, marcas o carteras de patentes— pueden generar flujos de caja verificables. La inclusión de este asunto en la agenda de la Oficina de la OMPI en Nigeria apunta más a una fase de construcción institucional y operativa que a la existencia de un mercado maduro de crédito respaldado por PI.