Actualidad de PI

El INPI de Brasil está empezando a concretar su política de aceleración para diseños industriales. Según la orientación más reciente, las solicitudes de diseño industrial que designen a Brasil por la vía del Sistema de La Haya podrán pedir gratuitamente un fast track en línea cuando el diseño del producto esté claramente vinculado con eficiencia ambiental o con soluciones de apoyo a la accesibilidad para personas con discapacidad. En los casos que entren en esa vía, la meta es llegar a un examen de fondo y una decisión en 30 días. Para los titulares que ya ven a Brasil como una pieza seria dentro de su estrategia de diseño en América Latina, esto no es un detalle procedimental menor: puede alterar el orden de lanzamiento, la ventana de divulgación y el momento para actuar frente al mercado.

La señal de política pública es incluso más interesante que la promesa de velocidad. Brasil no está utilizando La Haya solo como un corredor internacional más barato para presentar solicitudes. También está empezando a conectar la administración del diseño con objetivos de transición verde e innovación inclusiva. Cuando el trato prioritario se reserva para esas dos narrativas, ya no basta con tener un diseño visualmente distintivo. Pasa a importar más cómo se define el producto, cómo se explica su contexto de uso y cómo se ordenan los materiales de apoyo.

La Companies and Intellectual Property Commission (CIPC) de Sudáfrica ya ha trasladado la gestión de presentaciones relacionadas con casos a su Case Management System (CMS). En la Customer Notice 30 of 2026, y tras el lanzamiento del CMS el 27 de marzo de 2026, la CIPC indicó que desde el 31 de mayo de 2026 las direcciones de correo designadas para quejas, presentaciones estatutarias, notificación de documentos legales y comunicaciones relacionadas quedaron permanentemente desactivadas, por lo que esos asuntos deben tramitarse ahora exclusivamente a través del portal CMS.

No es un simple ajuste administrativo. Para los equipos que todavía organizaban quejas o notificaciones legales desde buzones compartidos, el cambio real es de método: preparación documental, disciplina de presentación, escalado interno y prueba de envío pasan a depender del portal. La CIPC está empujando un modelo con más trazabilidad y más control del tiempo de respuesta; en la práctica, seguir tratando el correo antiguo como plan B ya supone un riesgo procesal innecesario.

Una nueva lectura práctica publicada esta semana en Sudáfrica ha vuelto a poner a ClearVu en el centro. El fallo de referencia es de 2016, pero la señal sigue siendo muy actual: comprar la marca de un competidor como palabra clave oculta en Google Ads no convierte por sí solo la conducta en ilícita. La pregunta difícil sigue estando en otro sitio: si el anuncio que el usuario ve realmente crea confusión sobre el origen, la afiliación, el respaldo o la conexión comercial.

La lección más importante está un nivel más abajo. En ClearVu, la parte reclamante no litigaba desde una posición cómoda de infracción marcaria basada en un registro consolidado. Tuvo que apoyarse sobre todo en passing off y competencia desleal. Bajo la Trade Marks Act sudafricana y la propia orientación pública de CIPC, la vía estatutaria de infracción depende del registro. Por eso, en conflictos de keywords, tener o no tener marca registrada no es un detalle administrativo: suele decidir si el titular llega con una base jurídica más afilada o con una carga probatoria mucho más pesada.

En AI Everything x GITEX Kenya 2026, celebrado en Nairobi del 19 al 21 de mayo, la OMPI sacó la propiedad intelectual del rincón jurídico y la puso en el centro de la conversación sobre financiación. Su balance posterior deja una idea clara: no se trataba solo de mostrar herramientas como el sistema PCT, las marcas o WIPO IP Diagnostics, sino de plantear una cuestión mucho más concreta: si una empresa de IA puede convertir su tecnología y su marca en activos identificables, escalables y transferibles que un inversor pueda valorar con cierta seguridad.

Ese mensaje pesa especialmente en el ecosistema africano. La OMPI seleccionó a diez startups africanas para mentorías individuales y un IP Strategy Report adaptado a cada caso, y en las conversaciones públicas con inversores se presentó una solicitud PCT o una marca registrada como una señal relevante de capacidad de defensa y disciplina empresarial. No fue una simple jornada de sensibilización. Fue, más bien, un aviso: si antes de levantar capital no están claros las patentes, las marcas y la cadena de titularidad, gran parte de la capacidad de una startup de IA seguirá siendo relato, no activo.

Que ARIPO haya colocado la protección de las nuevas variedades vegetales en el centro de su agenda del 50.º aniversario no fue una decisión ceremonial. Los materiales oficiales muestran que el Protocolo de Arusha entró en vigor el 24 de noviembre de 2024 y que, por ahora, los Estados contratantes son Cabo Verde, Ghana, Ruanda y Santo Tomé y Príncipe, lo que ya permite presentar solicitudes a través de ARIPO para los Estados contratantes designados.

La clave práctica de esta semana no es que Cabo Verde se haya incorporado “de repente” al sistema. ARIPO lo viene incluyendo entre los Estados contratantes desde la entrada en vigor del Protocolo. Lo que cambia es otra cosa: el mercado empieza a tratar a Cabo Verde con mayor claridad como una designación operativa. Para empresas de agrotecnología, semillas y biotecnología, eso puede alterar el orden de presentación, la disciplina de divulgación, las conversaciones de licencia y la planificación de expansión regional. Aun así, no equivale a una vía única para cubrir toda África.

La orientación pública de la EPO está haciendo más difícil ignorar un punto clave: en las invenciones asistidas por IA, la cuestión ya no es simplemente si se utilizó IA, sino si la solicitud conecta con claridad el efecto técnico reivindicado con una solución técnica reproducible y con una contribución técnica humana identificable. En las solicitudes apoyadas en entrenamiento de modelos, selección de datos o descubrimiento asistido por IA, eso afecta de lleno a la patentabilidad, a la suficiencia de la divulgación y a la solidez futura de la patente.

Muchos solicitantes siguen interpretando mal el punto de la divulgación. La EPO no exige de forma general entregar el conjunto de entrenamiento concreto. Pero cuando el efecto técnico depende de determinadas características de los datos de entrenamiento, esas características pueden tener que describirse con suficiente detalle para reproducir el efecto. Si a eso se suma la insistencia de la EPO en un enfoque humano en el examen, el mensaje práctico es bastante claro: ahora pesan más los registros internos, la delimitación de contribuciones y una memoria bien redactada que una referencia genérica a la “optimización mediante IA”.