Actualidad de PI

La última reforma de propiedad intelectual en Indonesia ya no consiste solo en trasladar procedimientos antiguos al entorno digital. A medida que el Reglamento No. 6 de 2026 sobre solicitudes de patente y el Reglamento No. 5 de 2026 sobre registro de marcas entran en una fase más exigente de aplicación práctica, patentes, marcas y observancia en línea empiezan a moverse al mismo tiempo: el objeto patentable se amplía, la solicitud marcaria pasa a ser plenamente electrónica y la infracción en línea queda cada vez más conectada con medidas de bloqueo y restricción de acceso.

Lo que más importa aquí no es una sola regla aislada, sino el efecto combinado. Estrategia de solicitud, calendario de costes, capacidad de respuesta frente a objeciones y gobernanza de plataformas se adelantan a la fase previa a la presentación. Para empresas de IA, software, servicios digitales, marketplaces o expansión regional de marca, Indonesia está enviando un mensaje bastante claro: hay más espacio para proteger, pero menos margen para llegar con expedientes desordenados.

La respuesta de Vietnam frente a la investigación estadounidense de la Sección 301 sobre propiedad intelectual ya se mueve con un calendario comprimido. El 30 de abril de 2026, la USTR identificó a Vietnam como el único Priority Foreign Country en su Special 301 Report. El 29 de mayo abrió formalmente la investigación conforme a la Sección 301, y el plazo para presentar comentarios escritos vence el 2 de julio a las 11:59 p. m. EDT. A mediados de junio, IP Vietnam impulsó públicamente la selección del proveedor de servicios jurídicos y las aclaraciones posteriores para la defensa del gobierno, señal de que el asunto dejó de ser una simple postura política y entró en una fase final de pruebas, argumentos y coordinación.

Los puntos ahora situados en el centro del caso son especialmente concretos. Los materiales estadounidenses no se limitan a la piratería en línea y a la venta de falsificaciones. También apuntan a las solicitudes marcarias de mala fe que retrasan la entrada al mercado y elevan el coste de limpieza para los titulares legítimos. Por eso este expediente no debe leerse como una discusión abstracta de tratados. Afecta a marcas internacionales, plataformas, operadores de comercio electrónico y negocios de contenidos en cuestiones que se miden en operaciones diarias. Vietnam necesita mostrar no solo voluntad, sino mecanismos que parezcan visibles, persistentes y verificables.

La práctica actual de IP Australia deja mucho más claro un punto que antes muchas empresas trataban de forma demasiado vaga: en una acción de cancelación por falta de uso durante tres años, no basta con señalar una página de producto visible desde Australia. La cuestión decisiva es otra: si esa página, el flujo de pago, las opciones de entrega y el entorno comercial realmente muestran que el titular estaba dirigiéndose al consumidor australiano. Para las marcas que venden por comercio electrónico transfronterizo, esto no es un ajuste menor de prueba. Cambia qué huellas digitales pueden sostener de verdad un registro cuando se lo ataca por falta de uso.

La novedad práctica tampoco consiste en que la prueba en línea se haya vuelto sencilla. Lo que cambia es el centro de gravedad probatorio. Una captura aislada rara vez bastará. Un expediente más sólido es el que consigue enlazar instantáneas de la web, configuración en dólares australianos, opciones de envío a Australia, registros de pedidos, segmentación publicitaria y trazas de atención al cliente de una forma que permita ver actividad comercial auténtica orientada a Australia, y no una simple vitrina global sin destino claro.

La guía más reciente del JPO y la práctica de examen en Japón están obligando a dejar de tratar los activos 3D virtuales como si fueran una sola categoría de “contenido digital”. Moda virtual, modelos de escena, decoraciones espaciales comercializables y presentaciones 3D ligadas a un servicio pueden coexistir en el mismo entorno virtual, pero no necesariamente siguen la misma ruta jurídica. En algunos casos, el punto de partida más natural seguirá siendo el derecho de autor. En otros, la pregunta decisiva será si el marco vigente de diseños industriales ofrece un título más claro y más fácil de hacer valer.

El cambio real se nota cuando el titular intenta que una plataforma actúe. El nuevo marco japonés sobre responsabilidad y respuesta de plataformas está empujando a los grandes operadores a formalizar canales de contacto, criterios de revisión y sistemas internos de respuesta, pero la lógica de las exenciones para proveedores no ha desaparecido. En la práctica, quien quiera retirar con mayor rapidez bienes virtuales o elementos espaciales presuntamente infractores necesitará algo más que capturas de pantalla y una afirmación tajante. La base del derecho, el activo concreto y la cadena probatoria pesan mucho más.

El error más fácil aquí es describir los movimientos recientes del PTAB como si la Oficina ya hubiera emitido una regla independiente dirigida específicamente al arte previo generado por IA. La fotografía correcta es más estrecha y, al mismo tiempo, más relevante. A través de varios ajustes procesales ya vigentes, la USPTO ha empezado a apretar tres preguntas que importan en un inter partes review: de dónde salió el arte invocado, si realmente puede calificarse como patente o publicación impresa, y hasta qué punto el peticionario debe poder explicar su ruta de búsqueda. El memorando de 31 de julio de 2025 sobre la aplicación de la Rule 104(b)(4) dejó claro que el peticionario no puede usar applicant admitted prior art, testimonio pericial, common sense u otras formas de conocimiento general que no sean por sí mismas patentes o publicaciones impresas para suplir una limitación faltante. Después, el 17 de noviembre de 2025, la Oficina introdujo un proceso opcional de Search Disclosure Declaration que permite describir bases de datos, repositorios, filtros y la lógica general de consulta empleada para localizar el arte citado.

Eso todavía no equivale a un código obligatorio y específico para la IA. Pero sí es una señal clara de dirección. Para las partes que hoy se apoyan en búsqueda asistida por IA, recuperación semántica y resúmenes generados por grandes modelos para localizar arte previo y literatura no patente, el problema real ya no es solo si pueden encontrarse más referencias. El problema es si las pistas de búsqueda pueden mantenerse separadas de la prueba admisible, si una síntesis generada por máquina está siendo confundida con una publicación impresa y si el expediente resultante podrá resistir el escrutinio del PTAB. La IA ha acelerado la localización de arte previo. El PTAB está haciendo mucho más difícil pasar por alto qué fue exactamente lo que se encontró.

La cancelación parcial por falta de uso en Argentina ya no es una nota técnica perdida en la ley. En 2026 empieza a sentirse como una herramienta real de gestión de cartera y de despeje registral. Durante años, muchos titulares pudieron vivir con la idea de que algún uso dentro de una clase ayudaba a sostener un perímetro registral mucho más amplio. Esa comodidad se está estrechando a medida que el sistema marcario argentino desplaza más carga hacia quienes deben vigilar el registro y defender el alcance real de sus títulos.

En la práctica, la discusión ya no pasa solo por si la marca se usó alguna vez. Pasa por dónde se usó y para cuáles productos o servicios del listado puede demostrarse de verdad. Una vez que el registro tiene al menos cinco años, quien tenga interés legítimo puede pedir ante el INPI su cancelación por falta de uso, y la variante parcial convierte ese procedimiento en una herramienta bastante más fina. Cuando la prueba solo sostiene un núcleo comercial reducido, la cola no usada del listado empieza a quedar expuesta.