Actualidad de PI

El 3 de julio de 2026, el Ministerio de Propiedad Intelectual de Corea del Sur (MOIP) anunció una modificación del Reglamento de Ejecución de la Ley de Marcas, aplicable desde el 17 de junio. Para los registros internacionales que designan a Corea del Sur mediante el Sistema de Madrid, se amplía la exención de presentar por separado la notificación de representante. Antes, la exención se aplicaba cuando el primer escrito era una solicitud de prórroga de un plazo designado; ahora también cubre las solicitudes de prórroga de un plazo legal.

El ajuste es limitado, pero útil en la práctica. Puede reducir comunicaciones evitables y subsanaciones derivadas de defectos no sustantivos, sobre todo para solicitantes no residentes que actúan mediante representantes locales. No modifica los criterios de examen de fondo ni garantiza por sí solo una tramitación más rápida, por lo que conviene seguir verificando la representación, el tipo de plazo y los requisitos formales antes de utilizar el procedimiento simplificado.

Nueva Zelanda ha anunciado una nueva actualización de su régimen de derechos sobre obtenciones vegetales (PVR). El Gobierno prevé añadir cinco años al plazo máximo de los derechos ya concedidos y de los futuros, restablecer la posibilidad de hacer valer una protección provisional mientras la solicitud está pendiente y acercar el sistema de tasas de PVR al marco aplicable a las patentes. IPONZ indica que el proyecto de ley de modificación se presentará previsiblemente más adelante en 2026, por lo que el alcance exacto, las reglas transitorias y las fechas de entrada en vigor dependerán del texto legislativo. La edición del 1 de julio del Plant Variety Rights Journal, número 186, trata principalmente los plazos de ensayos DUS, reuniones técnicas, una visita de la CPVO y los procedimientos de restauración; el paquete sustantivo de reformas fue anunciado por separado por IPONZ el 15 de mayo.

La lógica de la reforma es reforzar la previsibilidad económica de la mejora vegetal, especialmente cuando el examen se prolonga durante varios años. Un plazo más largo y una protección provisional efectiva pueden hacer que el mercado neozelandés resulte más atractivo para obtentores extranjeros e inversores en semillas y horticultura de alto valor, aunque el resultado dependerá de la retroactividad de esa protección, del tratamiento de los derechos existentes, de las tasas y del coste real de hacerlos valer. Por ahora, obtentores y licenciatarios deberían revisar sus calendarios de solicitud, registros de ensayos, contratos de comercialización y mecanismos de conservación de pruebas, sin asumir que el anuncio equivale ya a un régimen plenamente vigente.

El 9 de julio de 2026, OAPI e IFRRO firmaron en Ginebra un nuevo plan de trabajo para 2026-2027 y la señal regulatoria es bastante clara: la cooperación en derecho de autor entra ahora en una fase más operativa, centrada en el cumplimiento de plataformas, la remuneración por copia privada y la ejecución de la gestión colectiva en el entorno digital. Según la información oficial, las acciones previstas impulsarán infraestructura de copyright, mecanismos de remuneración para usos educativos y copia en línea, y canales de coordinación con aduanas en Estados miembros como Camerún y Côte d’Ivoire. No es un gesto protocolario; es un paso hacia un marco más rastreable y ejecutable en los mercados digitales de los 17 Estados de la OAPI.

El punto clave no es solo que ambas organizaciones sigan colaborando, sino que el control se desplaza hacia la circulación digital del contenido. Plataformas, distribuidores y servicios educativos pueden encontrarse pronto con una presión mayor sobre cadenas de licencia, liquidación de remuneraciones, trazabilidad de fuentes y revisión local de cumplimiento. Para las empresas con actividad en los mercados de contenido de África occidental y central, revisar ahora las condiciones de uso, los permisos y el origen de los materiales parece una decisión sensata antes de que estas herramientas pasen del diseño institucional a la práctica diaria.

El 8 de julio de 2026, durante la 68.ª serie de reuniones de las Asambleas de la OMPI, la representante permanente adjunta de Tanzania en Ginebra, la embajadora Hoyce Temu, intervino en nombre de su país y respaldó las declaraciones formuladas por Sudáfrica en nombre del Grupo Africano y por Nepal en nombre del Grupo de Países Menos Adelantados. Tanzania pidió un sistema de propiedad intelectual más inclusivo, equilibrado y preparado para el futuro, y sostuvo que la inteligencia artificial solo podrá impulsar de forma amplia la innovación y la transformación económica si las economías en desarrollo acceden también a creación de capacidades, transferencia de tecnología y herramientas de propiedad intelectual utilizables. Entre las prioridades mencionadas figuraron clínicas de gestión de PI para pymes y empresas emergentes, programas de transferencia tecnológica para universidades y centros de investigación, y el fortalecimiento de la capacidad de examen de patentes.

La intervención no equivale a una nueva norma de la OMPI sobre patentabilidad de la IA, ni los materiales públicos muestran que las Asambleas hayan aprobado licencias obligatorias o un supuesto «canal verde» para esta tecnología. Su relevancia política está en desplazar parte del debate desde la autoría y la titularidad hacia una cuestión más práctica: quién puede acceder a la tecnología, financiar su uso y participar en los beneficios del sistema de patentes. El siguiente paso será comprobar si la OMPI convierte el lenguaje de inclusión en apoyo estable al examen, plataformas de licencias y transferencia, y programas específicamente diseñados para pymes de países en desarrollo.

El Ministerio de Economía y Turismo de los Emiratos Árabes Unidos publicó el 7 de julio de 2026 una guía práctica de mitad de año sobre su servicio de examen de marcas en un día. La vía acelerada cuesta 2.250 AED, frente a 750 AED por el examen ordinario, pero el plazo de un día se refiere únicamente a la fase de examen. La publicación, el período de oposición y el registro final siguen siendo etapas separadas, y la tramitación acelerada no rebaja el nivel de control sustantivo.

La guía también refuerza la importancia de una clasificación precisa. Con la aplicación en 2026 de la 13.ª edición de la Clasificación de Niza, las descripciones relativas a software de IA, bienes virtuales, servicios vinculados con NFT y materiales de embalaje sostenible deben formularse con mayor detalle. En la práctica, la rapidez depende menos del pago adicional que de la calidad de la búsqueda previa, la clasificación y la redacción antes de presentar la solicitud.

Las novedades comunicadas en torno al 8 de julio de 2026 por la Oficina de Patentes de Israel y la práctica judicial relacionada precisan aún más los límites aplicables a las invenciones de software e inteligencia artificial. Tras la posición confirmada en el caso DABUS de 2026, el inventor designado en una solicitud israelí debe seguir siendo una persona física. En cuanto a la materia patentable, trasladar a un sistema de IA una lógica comercial, un procedimiento administrativo o una regla abstracta difícilmente bastará por sí solo. La solicitud debe conectar el algoritmo con un problema técnico concreto, una arquitectura de sistema y un resultado verificable, como una mejora de la seguridad de los datos, una reducción del consumo de recursos informáticos o una comunicación más eficiente entre componentes de hardware.

La consecuencia práctica es clara: la estrategia probatoria y la redacción deben prepararse antes. Una memoria centrada únicamente en el modelo, el método de entrenamiento o el resultado empresarial puede dejar sin sustento la contribución técnica; conviene explicar las restricciones, las etapas de procesamiento y la forma de medir el efecto alegado. El software de IA que mejore la eficiencia energética o reduzca el consumo computacional o del dispositivo también puede ser candidato a la vía rápida para tecnologías verdes, sin una tasa adicional de aceleración. La tramitación más rápida no rebaja los requisitos de novedad, actividad inventiva o carácter técnico, por lo que debe utilizarse como herramienta de calendario y no como atajo hacia la concesión.