Actualidad de PI

Con su guía complementaria sobre solicitudes de patente relacionadas con IA, IPOS ha dejado una señal bastante clara para quienes redactan este tipo de expedientes: el problema ya no es solo defender que una invención basada en software no debe verse automáticamente como abstracta. El problema real es demostrar que la reivindicación y la memoria describen una contribución técnica reconocible, vinculada a un problema concreto y no a un modelo matemático presentado con lenguaje de sector.

Por eso esta actualización importa tanto. La presión práctica se desplaza hacia zonas que muchas solicitudes siguen tratando de forma demasiado genérica: el tratamiento de datos de entrenamiento, la mejora del dataset, los ajustes del modelo después del entrenamiento y el nivel de detalle necesario para explicar por qué esos pasos producen un resultado técnico. Si la reivindicación sigue pareciendo un algoritmo genérico, o un modelo ejecutado sobre hardware convencional sin más, el riesgo de quedar atrapado en la objeción por método matemático no desaparece. Lo que IPOS está pidiendo, en el fondo, es una cadena visible: qué hace el modelo, con qué entradas y salidas trabaja, en qué entorno técnico opera y qué consecuencia técnica se obtiene.

IP Australia está dando señales más claras de que quiere volver la oposición marcaria un procedimiento menos costoso y menos lento, y una de las piezas más interesantes de esa dirección es la prueba de un mecanismo de Early Neutral Evaluation (ENE) antes de que las partes entren de lleno en la fase pesada de prueba. Según el esquema que se está impulsando, el solicitante y el oponente podrían presentar materiales preliminares ante un examinador u oficial de la autoridad y recibir una valoración no vinculante sobre la solidez relativa del caso, los verdaderos puntos de fricción y la conveniencia de negociar, limitar el conflicto o retirarse antes de que el expediente se vuelva mucho más caro. No se trata de reemplazar la oposición, sino de evitar que toda disputa termine por inercia en el tramo más desgastante.

La lógica es bastante práctica. En muchas oposiciones de marcas, el problema no es solo quién tiene mejor derecho, sino cuánto cuesta seguir peleando una vez que arrancan los intercambios de prueba y los plazos largos. Ahí incluso expedientes flojos pueden sobrevivir más de lo razonable. Si el ENE funciona, puede cambiar esa dinámica desde el principio. El solicitante tendrá que ordenar antes su argumento sobre distintividad, uso y estrategia comercial; el oponente, por su parte, ya no podrá confiar tanto en que la mera presión procesal fuerce una cesión. Para las empresas, el mensaje es claro: en Australia la estrategia de oposición puede empezar a depender menos de la resistencia y más de la evaluación temprana de la fuerza real del expediente.

La CNIPA ha difundido un nuevo parte de trabajo sobre la profundización de la lucha contra los registros marcarios de mala fe y lo ha acompañado con una serie de casos orientativos sobre “invalidez rápida”. La señal práctica va bastante más allá de una reafirmación política. Frente al acaparamiento masivo, el aprovechamiento parasitario de marcas ajenas y los registros oportunistas ligados a nombres o temas de actualidad, el sistema no solo promete más firmeza. También está acelerando la tramitación y endureciendo el examen probatorio de una forma que puede cambiar la lógica del litigio administrativo.

La parte más sensible quizá esté en lo que este enfoque sugiere para la cancelación por falta de uso durante tres años. Durante mucho tiempo, algunos titulares podían resistir con expedientes armados a base de facturas, contratos, fotografías de muestra y documentos dispersos que insinuaban algún uso sin demostrar una actividad comercial sostenida. Ahora la tolerancia parece mucho menor. Mencionar una marca en una factura, aportar movimientos de salida meramente formales o construir un uso de baja intensidad pensado sobre todo para conservar el registro será cada vez menos persuasivo si la prueba no logra mostrar circulación real en el mercado.

Con las Directrices de Examen de la EPO de abril de 2026 ya en vigor, la práctica europea ha dedicado esta semana especial atención a tres ajustes con efecto inmediato. El primero es la aceptación formal de dibujos en color y en escala de grises en las presentaciones electrónicas, lo que deja atrás la vieja lógica de trabajar solo con dibujos lineales en blanco y negro. El segundo es una advertencia más explícita sobre el uso de inteligencia artificial: los solicitantes y sus representantes siguen siendo plenamente responsables de todo lo que se presente ante la EPO, aunque el texto haya sido elaborado con apoyo de herramientas de IA. El tercero es la incorporación expresa de las decisiones G 1/24 y G 1/23 de la Gran Sala, que afinan tanto la interpretación de las reivindicaciones como la valoración como estado de la técnica de productos ya puestos en el mercado.

No son cambios aislados. En conjunto, empujan la práctica hacia un estándar más exigente en trazabilidad, contraste probatorio y control humano del expediente. Los dibujos en color pueden facilitar solicitudes sobre interfaces, materiales o estructuras complejas, pero también vuelven más sensible la gestión de la consistencia visual y de las correcciones posteriores. La IA seguirá siendo útil para redactar, aunque ya no sirve como colchón frente al riesgo de errores o afirmaciones mal calibradas. Y con G 1/24 y G 1/23 ya reflejadas en las Directrices, conviene revisar antes cómo se definen los términos de las reivindicaciones, qué rasgos del producto quedan realmente documentados y cómo se abordará el estado de la técnica desde el inicio del caso.

Desde el 1 de abril de 2026, la UK Intellectual Property Office ha elevado las tasas oficiales de patentes, marcas y diseños, y la propia oficina sitúa la subida media en torno al 25 %. La solicitud online de marca británica ha pasado de 170 a 205 libras, mientras que la tasa de búsqueda de patentes ha subido de 150 a 200 libras. Esta semana, además, la oficina volvió a insistir en la transición del sistema mediante nuevas comunicaciones sobre la hoja de ruta de One IPO. Pero, en la práctica marcaria, el cambio más relevante es otro: el gobierno ha confirmado la retirada del servicio de series de marcas, aunque los registros ya concedidos se mantienen.

No es solo el fin de una singularidad británica. La consulta y la respuesta oficial muestran problemas repetidos de comprensión del mecanismo, una tasa elevada de objeciones en solicitudes sin representante y la preocupación de que algunos expedientes se estaban usando para conseguir varias revisiones por un coste reducido. El resultado es una práctica británica más cercana a la lógica internacional de una solicitud separada para cada variante realmente distinta. Para las marcas con varias versiones de nombre, tipografía o composición, la decisión ya no puede aplazarse: habrá que priorizar antes qué signo merece protección propia y cuál puede sostenerse con una estrategia de uso más disciplinada.

A mediados de este mes, la EUIPO y el grupo de trabajo correspondiente publicaron la Guía Práctica para la aplicación del nuevo régimen de indicaciones geográficas de productos artesanales e industriales, una señal clara de que el sistema ha pasado de la norma al funcionamiento real. Pocos días después, el 17 de mayo, Porcelaine de Limoges fue aprobada como la primera denominación registrada en el nuevo esquema europeo de CIGI. No se trata solo de un estreno simbólico: es el momento en que la protección europea de indicaciones geográficas, tradicionalmente ligada a vinos, alimentos y otros productos agrícolas, empieza a extenderse de forma operativa a la cerámica, los textiles, la joyería y otras manufacturas con fuerte vínculo territorial.

La coincidencia de ambos hitos dice bastante. Cuando una guía práctica y la primera inscripción llegan casi al mismo tiempo, el mensaje es que el sistema ya no está en fase de anuncio, sino de uso efectivo. Para los grupos de productores y las regiones con saber hacer reconocible, la cuestión ahora será si pueden sostener buenos pliegos de condiciones, pruebas sólidas del vínculo geográfico y mecanismos de control creíbles. Para quienes comercializan productos inspirados en esas tradiciones desde fuera del área protegida, el margen también se estrecha: la referencia ya no será solo una protección nacional dispersa, sino un derecho europeo más uniforme y más fácil de hacer valer.