Actualidad de PI

El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Brasil (INPI) ha puesto en marcha la Fase II de su programa de examen prioritario de marcas, con una ampliación relevante de los supuestos admisibles. Entre las nuevas categorías figuran las solicitudes de base brasileñas vinculadas a registros internacionales del Sistema de Madrid cuando el INPI actúa como oficina de origen, los solicitantes que necesitan la marca para operar en marketplaces, las comunidades tradicionales y la agricultura familiar, los solicitantes domiciliados en países con acuerdos de reciprocidad con Brasil y los casos en que el registro sea condición previa para obtener una licencia, autorización o concesión gubernamental.

La medida tiene una lectura práctica clara: el INPI está reservando parte de su capacidad de examen para expedientes en los que el tiempo de registro puede condicionar el acceso al mercado o a actividades reguladas. En 2026 el cupo total será de 3.000 solicitudes, dividido en dos fases de 1.500 cada una, con un límite de 10 por solicitante. Las empresas que usen Brasil dentro de una estrategia Madrid, o que dependan de plataformas digitales o autorizaciones públicas, deberían seleccionar antes sus expedientes prioritarios y reunir la documentación de soporte sin esperar al último tramo del lanzamiento comercial.

El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Brasil (INPI) ha situado la reducción de plazos entre los ejes de su plan de acción para 2026. La medida más visible es la incorporación de herramientas de inteligencia artificial para apoyar búsquedas, clasificación y examen sustantivo en marcas y diseños industriales. No es una mejora menor de gestión interna: si el sistema funciona con datos fiables y revisión técnica suficiente, puede alterar de forma sensible el calendario de protección para empresas que dependen de Brasil como mercado de entrada o de fabricación.

El plan también avanza en la protección regional de las indicaciones geográficas, con énfasis en la cooperación en América Latina y el Caribe y en el marco del Mercosur. La lectura práctica es clara. INPI intenta ganar velocidad sin aislarse del entorno regional, y eso obliga a preparar expedientes más ordenados desde el inicio: signos distintivos, diseños y denominaciones de origen deberán resistir mejor las búsquedas automatizadas, las comparaciones previas y eventuales objeciones formuladas con menos margen de espera.

La reforma de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial de México introduce un cambio relevante en la gestión de los procedimientos ante el IMPI: diversos trámites, incluidos el examen de fondo de patentes, el registro de marcas, las oposiciones y las renovaciones, deberán resolverse dentro de plazos máximos previstos por la ley. Si la autoridad supera esos plazos, tendrá que explicar las razones. Para los solicitantes, el punto central no es solo una posible reducción de tiempos, sino una mayor previsibilidad administrativa.

El nuevo esquema no elimina por sí solo los retrasos, pero sí cambia la forma de administrar expedientes en México. Las empresas podrán vincular mejor sus calendarios de solicitud, respuesta, renovación y vigilancia de oposiciones con un marco temporal más claro. Conviene, aun así, mantener expectativas prudentes: si el IMPI justifica demoras por complejidad del caso, carga de trabajo o problemas operativos, los tiempos reales seguirán variando. La utilidad práctica de la reforma dependerá de que los plazos vengan acompañados de información de estado más transparente y recursos de examen suficientes.

El sistema canadiense de ajuste de la duración de patentes (PTA) ya ha pasado al terreno operativo. La Oficina Canadiense de Propiedad Intelectual permite solicitar una duración adicional cuando se cumplen las condiciones legales, en particular para patentes concedidas después del 1 de diciembre de 2025. Como la solicitud suele quedar sujeta a un plazo de tres meses desde la concesión, la primera presión real sobre calendarios y control de expedientes se verá a partir de marzo de 2026.

No conviene tratar el PTA como una solicitud automática. El titular debe revisar si el retraso computable procede de la Oficina, si existen demoras atribuibles al solicitante que reduzcan el ajuste y si el plazo adicional tiene valor comercial suficiente. En carteras de farmacéutica, comunicaciones, materiales u otras tecnologías con explotación tardía, el cribado temprano de concesiones canadienses posteriores a diciembre de 2025 puede evitar pérdidas de oportunidad. En asuntos de menor valor, la decisión debería empezar por una cuenta sencilla: coste, plazo adicional probable y utilidad real para la cartera.

Las declaraciones “Made in America” y “Made in USA” están recibiendo una atención más estricta en Estados Unidos. Tras la orden ejecutiva de marzo de la Casa Blanca, la FTC ha reforzado el foco sobre las alegaciones de origen que puedan inducir a error, y el contexto del USPTO también apunta a una lectura más cuidadosa cuando esos mensajes aparecen en marcas, descripciones de productos o materiales comerciales. Para muchas empresas, el problema ya no está sólo en el anuncio: también puede estar en el nombre, el embalaje o la ficha de venta en línea.

Las compañías que utilicen referencias al origen estadounidense deberían revisar si pueden probarlas con datos de suministro, ensamblaje y transformación sustancial. Las fórmulas absolutas son más arriesgadas cuando una parte relevante de los componentes o procesos procede de otros países. Antes de presentar una marca o lanzar una campaña, conviene conservar pruebas internas y ajustar el lenguaje a la realidad productiva; en este terreno, una frase más precisa puede evitar una controversia costosa.

La edición 2026 de las Directrices de examen del EPO está en vigor desde el 1 de abril. En mayo, el nuevo texto ya no funciona solo como una referencia futura: empieza a influir en la redacción de solicitudes, la planificación del procedimiento y las respuestas a las comunicaciones de examen. Para quienes presentan solicitudes europeas, los cambios se concentran en varios puntos muy prácticos: la responsabilidad por documentos preparados con ayuda de IA, la supresión de la búsqueda acelerada bajo PACE, el efecto de las divulgaciones de productos sobre la novedad y la interpretación de las reivindicaciones a la luz de la descripción y los dibujos.

El impacto se nota en decisiones concretas. Utilizar herramientas de IA no reduce la responsabilidad final del solicitante sobre el contenido y la conformidad de los documentos presentados. Los solicitantes que necesitaban un informe de búsqueda temprano tampoco pueden seguir apoyándose en PACE para acelerar la búsqueda. Con G 1/23 y G 1/24 integradas en las Directrices, los lanzamientos de producto, las muestras, las definiciones de la descripción y el texto de las reivindicaciones deben coordinarse con más cuidado antes de la presentación.