La FRONTIER Act lleva la supervisión de la IA de frontera al plano federal
Los representantes estadounidenses Jay Obernolte y Lori Trahan presentaron el 23 de julio de 2026 la propuesta bipartidista Frontier Risk Oversight, National Transparency, Independent Evaluation, and Reporting Act, conocida como FRONTIER Act. El proyecto busca establecer un marco federal de supervisión de riesgos para los sistemas de IA más avanzados y define como “modelo de frontera” aquel modelo fundacional entrenado con más de 1026 operaciones enteras o de coma flotante. También plantea obligaciones escalonadas para desarrolladores grandes y muy grandes. La primera categoría exigiría, junto con las entidades afiliadas, más de 50 millones de dólares de ingresos brutos y al menos 1.000 millones de dólares de gasto en I+D relacionada con IA durante los 36 meses anteriores; para la categoría superior, los umbrales serían más de 5.000 millones de dólares de ingresos y al menos 10.000 millones de dólares de gasto. Entre las medidas previstas figuran marcos de gestión de riesgos, informes de transparencia, auditorías o validaciones independientes, notificación de incidentes graves de seguridad y evaluaciones continuas. La iniciativa sigue en trámite legislativo y todavía no es ley.
Aunque no se trata de una norma de propiedad intelectual, sus exigencias de documentación, auditoría y divulgación podrían modificar la forma en que las empresas de IA de frontera registran el entrenamiento y el ajuste fino, protegen los pesos del modelo, conservan pruebas técnicas y autorizan decisiones de desarrollo. Para la estrategia de patentes, conviene conectar antes la preparación de solicitudes con el cumplimiento regulatorio: mantener registros trazables, separar la información apta para una patente de los detalles de seguridad que deban conservarse como secreto empresarial y hacer que los equipos de patentes, secretos empresariales y cumplimiento trabajen sobre una misma base técnica verificada. El texto final y su aprobación son inciertos, pero la propuesta muestra que el debate federal estadounidense empieza a centrarse en procesos de desarrollo auditables y sujetos a reporte.
