Actualidad de PI

La CNIPA ha difundido un nuevo parte de trabajo sobre la profundización de la lucha contra los registros marcarios de mala fe y lo ha acompañado con una serie de casos orientativos sobre “invalidez rápida”. La señal práctica va bastante más allá de una reafirmación política. Frente al acaparamiento masivo, el aprovechamiento parasitario de marcas ajenas y los registros oportunistas ligados a nombres o temas de actualidad, el sistema no solo promete más firmeza. También está acelerando la tramitación y endureciendo el examen probatorio de una forma que puede cambiar la lógica del litigio administrativo.

La parte más sensible quizá esté en lo que este enfoque sugiere para la cancelación por falta de uso durante tres años. Durante mucho tiempo, algunos titulares podían resistir con expedientes armados a base de facturas, contratos, fotografías de muestra y documentos dispersos que insinuaban algún uso sin demostrar una actividad comercial sostenida. Ahora la tolerancia parece mucho menor. Mencionar una marca en una factura, aportar movimientos de salida meramente formales o construir un uso de baja intensidad pensado sobre todo para conservar el registro será cada vez menos persuasivo si la prueba no logra mostrar circulación real en el mercado.

Con las Directrices de Examen de la EPO de abril de 2026 ya en vigor, la práctica europea ha dedicado esta semana especial atención a tres ajustes con efecto inmediato. El primero es la aceptación formal de dibujos en color y en escala de grises en las presentaciones electrónicas, lo que deja atrás la vieja lógica de trabajar solo con dibujos lineales en blanco y negro. El segundo es una advertencia más explícita sobre el uso de inteligencia artificial: los solicitantes y sus representantes siguen siendo plenamente responsables de todo lo que se presente ante la EPO, aunque el texto haya sido elaborado con apoyo de herramientas de IA. El tercero es la incorporación expresa de las decisiones G 1/24 y G 1/23 de la Gran Sala, que afinan tanto la interpretación de las reivindicaciones como la valoración como estado de la técnica de productos ya puestos en el mercado.

No son cambios aislados. En conjunto, empujan la práctica hacia un estándar más exigente en trazabilidad, contraste probatorio y control humano del expediente. Los dibujos en color pueden facilitar solicitudes sobre interfaces, materiales o estructuras complejas, pero también vuelven más sensible la gestión de la consistencia visual y de las correcciones posteriores. La IA seguirá siendo útil para redactar, aunque ya no sirve como colchón frente al riesgo de errores o afirmaciones mal calibradas. Y con G 1/24 y G 1/23 ya reflejadas en las Directrices, conviene revisar antes cómo se definen los términos de las reivindicaciones, qué rasgos del producto quedan realmente documentados y cómo se abordará el estado de la técnica desde el inicio del caso.

Desde el 1 de abril de 2026, la UK Intellectual Property Office ha elevado las tasas oficiales de patentes, marcas y diseños, y la propia oficina sitúa la subida media en torno al 25 %. La solicitud online de marca británica ha pasado de 170 a 205 libras, mientras que la tasa de búsqueda de patentes ha subido de 150 a 200 libras. Esta semana, además, la oficina volvió a insistir en la transición del sistema mediante nuevas comunicaciones sobre la hoja de ruta de One IPO. Pero, en la práctica marcaria, el cambio más relevante es otro: el gobierno ha confirmado la retirada del servicio de series de marcas, aunque los registros ya concedidos se mantienen.

No es solo el fin de una singularidad británica. La consulta y la respuesta oficial muestran problemas repetidos de comprensión del mecanismo, una tasa elevada de objeciones en solicitudes sin representante y la preocupación de que algunos expedientes se estaban usando para conseguir varias revisiones por un coste reducido. El resultado es una práctica británica más cercana a la lógica internacional de una solicitud separada para cada variante realmente distinta. Para las marcas con varias versiones de nombre, tipografía o composición, la decisión ya no puede aplazarse: habrá que priorizar antes qué signo merece protección propia y cuál puede sostenerse con una estrategia de uso más disciplinada.

A mediados de este mes, la EUIPO y el grupo de trabajo correspondiente publicaron la Guía Práctica para la aplicación del nuevo régimen de indicaciones geográficas de productos artesanales e industriales, una señal clara de que el sistema ha pasado de la norma al funcionamiento real. Pocos días después, el 17 de mayo, Porcelaine de Limoges fue aprobada como la primera denominación registrada en el nuevo esquema europeo de CIGI. No se trata solo de un estreno simbólico: es el momento en que la protección europea de indicaciones geográficas, tradicionalmente ligada a vinos, alimentos y otros productos agrícolas, empieza a extenderse de forma operativa a la cerámica, los textiles, la joyería y otras manufacturas con fuerte vínculo territorial.

La coincidencia de ambos hitos dice bastante. Cuando una guía práctica y la primera inscripción llegan casi al mismo tiempo, el mensaje es que el sistema ya no está en fase de anuncio, sino de uso efectivo. Para los grupos de productores y las regiones con saber hacer reconocible, la cuestión ahora será si pueden sostener buenos pliegos de condiciones, pruebas sólidas del vínculo geográfico y mecanismos de control creíbles. Para quienes comercializan productos inspirados en esas tradiciones desde fuera del área protegida, el margen también se estrecha: la referencia ya no será solo una protección nacional dispersa, sino un derecho europeo más uniforme y más fácil de hacer valer.

En su decisión GEORGE ORWELL de 19 de diciembre de 2025, la Gran Sala de Recurso de la EUIPO confirmó la negativa a registrar la marca denominativa para un amplio grupo de productos y servicios de las clases 9, 16 y 41. La idea central es bastante nítida. Para el público angloparlante pertinente, George Orwell es ante todo el nombre de un autor célebre. Cuando ese nombre aparece en grabaciones, publicaciones, servicios educativos o de entretenimiento, el consumidor tenderá a leerlo como una referencia al contenido, a los temas o a la autoría, y no como un indicio de origen empresarial.

La importancia de la resolución va más allá de una solicitud concreta. Refuerza la frontera entre la referencia cultural y la función marcaria en un momento en que muchas obras clásicas ya están en dominio público o se acercan a esa situación. Los herederos, gestores de legado y titulares de derechos pueden seguir construyendo marcas, licencias y programas comerciales alrededor de un patrimonio literario. Lo que no pueden dar por hecho, al menos para bienes y servicios centrados en contenido cultural, es que el nombre de un autor famoso pueda volver sin más al sistema de marcas como distintivo exclusivo de procedencia.

La Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI) ha situado la gobernanza del derecho de autor digital en un terreno más operativo con un proyecto de Directiva sobre derecho de autor en el mercado único digital y responsabilidad de las plataformas de comercio electrónico. El centro del debate ya no es solo la protección de obras, sino el papel que deben asumir los marketplaces cuando en sus servicios se venden productos pirateados o circulan contenidos digitales no autorizados.

El proyecto busca armonizar el criterio regulatorio de los Estados miembros de la OAPI e introducir una obligación de “notificación, bloqueo y retirada permanente” frente a infracciones repetidas. Si una plataforma recibe una notificación cualificada del titular y retrasa deliberadamente la respuesta, o no mantiene mecanismos eficaces de filtrado y control de reincidencia, podría tener más dificultades para invocar la exención de responsabilidad basada en el llamado puerto seguro.