Actualidad de PI

A medida que el paquete de reformas de propiedad intelectual de Kazajistán, firmado en noviembre de 2025 y llevado a su fase de aplicación desde enero de 2026, empieza a producir efectos prácticos, uno de los cambios más relevantes para los titulares de marca ha pasado del plano normativo al procedimiento utilizable: dentro de un sistema marcario en el que el examen ordinario sigue tomando normalmente alrededor de siete meses, la vía acelerada comprime el ciclo completo de revisión a unos tres meses. Para las empresas que evalúan cómo y cuándo entrar en Asia Central, esto no es solo una mejora administrativa. Reordena la secuencia de despeje de riesgos, lanzamiento, negociación con canales y planificación de observancia.

Desde la perspectiva de las empresas exportadoras chinas y de otros operadores internacionales, Kazajistán suele funcionar no solo como mercado de destino, sino también como punto de apoyo regional para distribución, operaciones piloto y prueba de marca en Asia Central. Cuando el calendario marcario se acorta de forma sustancial, aumentan las posibilidades de asegurar la marca antes del lanzamiento, estabilizar los derechos antes de nombrar distribuidores y construir una cadena probatoria más limpia antes de iniciar operaciones localizadas o comercio electrónico transfronterizo. Pero la rapidez no elimina el riesgo. El verdadero cambio es que la solicitud de marca debe adelantarse en el calendario de entrada al mercado, en vez de quedar relegada a una medida correctiva cuando la actividad ya ha comenzado.

El 12 de diciembre de 2025, la USPTO actualizó la Guía de Práctica del PTAB para establecer que, en los casos de juicios AIA instituidos bajo el proceso implementado el 17 de octubre de 2025, el panel celebrará una conferencia previa con las partes no más tarde de quince días antes de la vista oral. Para las partes en inter partes review (IPR) y post-grant review (PGR), esto significa que controversias que a menudo se reservaban para el énfasis final de la vista —la interpretación de reivindicaciones, la lógica para combinar el estado de la técnica y los indicios objetivos de no obviedad— quedan ahora trasladadas formalmente a un punto procesal anterior y más estructurado.

No se trata solo de un ajuste de calendario. El PTAB ha indicado además que la conferencia servirá no solo para señalar qué cuestiones desea abordar el panel en la vista oral, sino también para permitir que las partes identifiquen los asuntos que quieren tratar en esa vista y para discutir determinadas mociones pendientes, cuestiones limitadas de admisibilidad probatoria y desacuerdos no resueltos sobre demostrativos. Para empresas y abogados, el cambio práctico es profundo: la defensa oral deja de ser solo una actuación del último día. Pasa a convertirse en una disputa en dos tiempos —gestión previa de controversias y presentación oral formal— en la que la calidad de la preparación de la primera fase condiciona la eficacia de la segunda.

La ventana de solicitud de los Premios Mundiales de la OMPI 2026 se cerrará el 31 de marzo a las 23:59, hora de Europa Central. El programa está dirigido a startups y pymes de los 194 Estados miembros de la OMPI, pero la verdadera prueba no es simplemente si una empresa posee patentes, marcas, diseños o derechos de autor. La cuestión más relevante es si esos derechos ya se han convertido en algo legible desde el punto de vista económico y social: entrada al mercado, diferenciación de producto, capacidad de licencia, credibilidad ante inversores, escalabilidad operativa o impacto público medible. Para las empresas innovadoras que ya cuentan con una combinación significativa de activos tecnológicos, de marca, de diseño o de contenido, no se trata solo de otra fecha límite. Es una fecha límite para traducir la estrategia de PI a un relato internacional de crecimiento.

La novedad más destacada de este año es la incorporación de un nuevo premio especial de deportes, añadido en consonancia con el tema del Día Mundial de la PI 2026, “PI y deportes”. En la superficie, parece una ampliación temática de la estructura del premio. En un plano más profundo, señala algo más importante: la conversación internacional sobre PI se está alejando de la mera titularidad estática y se está acercando a la comercialización real, la relevancia sectorial y el valor social demostrable. Para startups y pymes que corren hacia la fecha límite, la preparación más valiosa no consiste solo en pulir un perfil corporativo. Consiste en construir una explicación convincente de por qué su PI ya se ha convertido en un motor de crecimiento.

Las oficinas del IP5 — la CNIPA, la OEP, la JPO, la KIPO y la USPTO — han decidido prorrogar el programa piloto de Patent Prosecution Highway (PPH) por otros tres años, desde el 6 de enero de 2026 hasta el 5 de enero de 2029. Al mismo tiempo, confirmaron que los requisitos y el procedimiento para presentar solicitudes PPH bajo este programa seguirán sin cambios. En la práctica, esto significa que los solicitantes podrán seguir apoyándose en una vía de work sharing ya conocida para acelerar solicitudes relacionadas en jurisdicciones clave en un momento en que la eficiencia del examen, la disciplina presupuestaria y la velocidad de tramitación están cada vez más conectadas.

A primera vista, parece una simple nota de prórroga. En realidad, transmite una señal política más importante: continuidad sin rediseño. El IP5 no aprovechó la renovación para reescribir la interfaz, restringir el acceso ni añadir nuevas cargas procedimentales. Optó por mantener una herramienta que solicitantes, equipos internos y asesores externos ya saben utilizar. Para las empresas que intentan alinear el calendario de patentes con rondas de financiación, licencias, lanzamientos de producto, planificación de libertad de operación o alianzas tecnológicas transfronterizas, el valor real no está solo en que el PPH siga disponible. Está en que la forma de usarlo no va a cambiar de repente durante los próximos tres años.

En marzo de 2026, la EUIPO volvió a proyectar al mercado la señal de implantación de CP16 y CP17 mediante un webinar conjunto. Estas dos Common Practices se centran, respectivamente, en cuándo un signo que describe la materia, el contenido o el tema de productos o servicios puede ser rechazado por descriptivo, y en qué supuestos un eslogan todavía puede funcionar como marca. Lo relevante no es tanto un cambio brusco de la norma, sino un cambio más profundo en la cultura de examen: cuestiones que antes dependían en gran medida de sensibilidades locales pasan a analizarse con una metodología más estructurada y más previsible en la práctica marcaria europea.

Para las empresas, el cambio es muy concreto. La evaluación marcaria en Europa está dejando de ser un terreno donde solo importaba saber qué ejemplos eran peligrosos para convertirse en uno donde cada vez es más posible anticipar la lógica del examen. Leídas junto con la CP14 sobre orden público y moralidad y la CP15 sobre comparación de productos y servicios, CP16 y CP17 no son simplemente dos textos nuevos. Son otro paso en la alineación de cómo las oficinas valoran la descriptividad, el lenguaje promocional y la arquitectura de las especificaciones antes incluso de que empiece una controversia.

El 26 de marzo de 2026, el Abogado General Nicholas Emiliou presentó sus conclusiones en el asunto C-579/24 Austro-Mechana and AKM, añadiendo una pieza clave al debate sobre la arquitectura de licencias aplicable a los prestadores de servicios para compartir contenidos en línea bajo la Directiva europea sobre derechos de autor en el mercado único digital. Según su análisis, cuando un usuario sube contenido protegido a una plataforma, el proceso no implica únicamente un acto de comunicación al público o de puesta a disposición, sino también actos de reproducción en forma de copias digitales realizadas en los servidores de la plataforma.

Sin embargo, la relevancia real de estas conclusiones no consiste en abrir una nueva vía de cobro separada. Emiliou sostiene también que la autorización que la plataforma debe obtener conforme al artículo 17.1 de la Directiva DSM para comunicar al público o poner a disposición el contenido protegido debe extenderse necesariamente a las reproducciones técnicamente necesarias efectuadas en sus servidores para dar acceso público a ese contenido. Si el Tribunal de Justicia sigue esta línea, el efecto práctico sería considerable: el cumplimiento normativo de las plataformas, las negociaciones con entidades de gestión colectiva y la distribución de responsabilidades entre plataformas y usuarios avanzarían hacia un modelo de autorización integrada, y no hacia una estructura de licencias duplicadas.