Actualidad de PI

Para las solicitudes que entran en Canadá por la vía PCT con un sistema de IA designado como inventor único en la fase internacional, la orientación actual de CIPO sobre fase nacional, su marco de cumplimiento y la posición canadiense más reciente sobre inventorship ya apuntan en la misma dirección. Una designación de inventor puramente de IA no va a sostener el expediente con normalidad en Canadá. Si los datos de inventor, las declaraciones de entitlement o la situación del solicitante no encajan con lo que exige el derecho canadiense, lo primero que puede llegar no es el examen de fondo, sino un aviso de subsanación.

La importancia práctica del cambio es mayor que el titular ya conocido de que “Canadá no acepta a la IA como inventor”. La lección útil es procedimental. La entrada en fase nacional está dejando de ser un lugar seguro para descubrir que la inventorship quedó mal planteada en la fase internacional. En expedientes con fuerte participación de IA, conviene identificar antes a la persona o personas naturales que realmente aportaron la concepción inventiva, ordenar la documentación de entitlement y reservar margen para corregir defectos sin desordenar la estrategia de presentación ni el calendario de tramitación.

A medida que la edición 2026 de la clínica de gestión de PI de la OMPI y la EUIPO para pymes y start-ups de tecnología verde se acerca a su cierre de solicitudes del 10 de junio, empieza a dibujarse con más claridad la ruta de apoyo disponible para empresas de tecnología sostenible de la UE, de los países de la AELC y de Ucrania. La OMPI explica que el programa trabajará con las empresas seleccionadas en identificación, protección, comercialización y crecimiento internacional de sus activos de PI, mientras que el SME Fund 2026 de la EUIPO sigue mostrando dónde están hoy los instrumentos más útiles: reembolso del 75% de tasas de marcas y diseños a nivel de la UE y a nivel nacional o regional, y reembolso del 50% de tasas básicas, tasas de designación y designaciones posteriores para marcas y diseños fuera de la UE cuando la solicitud se tramita por la OMPI. Para muchas pymes verdes, la conversación ya no gira solo en torno a “proteger después”, sino a decidir antes qué signo, qué diseño y qué mercados merecen prioridad.

La parte de aceleración también existe, pero no conviene venderla como un carril verde automático. Con las condiciones actuales de Fast Track de la EUIPO, una solicitud de marca de la UE que cumpla los requisitos puede llegar a publicación en la mitad de tiempo o menos que una vía ordinaria, y los diseños de la UE también cuentan con una vía acelerada. Aun así, la rapidez sigue dependiendo del tipo de solicitud, de la selección correcta de productos o servicios y del pago, y a finales de mayo de 2026 la propia EUIPO ya había indicado que el Voucher 2 de marcas y diseños no acepta nuevas solicitudes por agotamiento de fondos. Esa quizá sea la lectura más útil: quien quiera internacionalizar tecnología verde tiene que mover antes su agenda de PI, porque las herramientas existen, pero la ventana no siempre espera.

Nota del editor (24 de septiembre de 2026): al cierre de esta edición no hemos localizado la publicación oficial de las medidas descritas; el artículo se basa en boletines del sector y queda sujeto a confirmación oficial.

El nuevo paquete del Ministerio de Propiedad Intelectual de Corea (MOIP, antes KIPO) sobre examen prioritario en campos determinados cambia dos piezas al mismo tiempo para las solicitudes de patentes de IA. Por un lado, sitúa la “arquitectura de grandes modelos de IA” y los “algoritmos de control de inteligencia corporizada” en el nivel más alto de tramitación acelerada. Por otro, toca la estructura de tasas de esa vía rápida. Si la solicitud entra bien preparada y los requisitos se acreditan desde el inicio, la primera actuación de examen podría llegar en torno a los tres meses.

La parte con más lectura práctica está en el incentivo económico. El solicitante que acompañe la presentación con una explicación suficiente sobre la licitud open source del conjunto de datos de entrenamiento, o con pruebas documentales de autorización, podrá acceder a una reducción del 15 % en la tasa oficial del examen prioritario. Así, el origen del dataset deja de ser un asunto secundario de cumplimiento y pasa a influir en el coste, en el calendario de presentación y en qué invenciones conviene empujar primero.

Tras varios meses de integración técnica, WIPO anunció que Madrid eFiling incorpora un módulo de apoyo de “designación inteligente y alerta de denegación” para designaciones clave en la ASEAN, con especial atención en Malasia, Filipinas y Tailandia. Cuando el solicitante marca esos territorios, la herramienta está pensada para consultar las bases de examen más recientes de las oficinas nacionales y devolver una calificación de riesgo en tiempo real respecto de objeciones por motivos absolutos, por ejemplo cuando un término carece de distintividad en la lengua local, puede tener una connotación indebida o se aproxima demasiado a expresiones sensibles en la práctica del país.

Eso no convierte la plataforma en un sustituto del examen sustantivo de cada oficina, ni mucho menos. Lo relevante es otra cosa: una parte del riesgo que antes solía aparecer meses después de presentada la solicitud se desplaza ahora al momento mismo de decidir la designación. Para quien entra en mercados de la ASEAN por la vía del Sistema de Madrid, el valor real está en poder decidir antes si conviene ajustar la marca, recortar la lista de productos y servicios o incluso pasar a una estrategia nacional apoyada en búsqueda local. Para los asesores, la señal también es clara: designar la ASEAN deja de ser solo una selección geográfica y exige incorporar antes un juicio local sobre lenguaje, cultura y motivos absolutos de denegación.

El último informe final de consulta publicado por IP Australia sobre el borrador de implementación de la reforma de diseños deja una dirección bastante definida: la protección de los diseños parciales entra ya en una fase más concreta de avance. La oficina había señalado que quiere permitir la protección de partes de productos físicos como parte de un esfuerzo más amplio para hacer el sistema australiano de diseños más accesible y menos rígido. Para las empresas con carteras de producto y para los equipos de diseño industrial, no es un ajuste menor. Afecta a la forma de segmentar la protección, ordenar familias de productos y discutir con más precisión el alcance de los derechos.

La señal más relevante, sin embargo, está en la conexión con el Sistema de La Haya. Según el resumen final, las solicitudes internacionales que designen Australia contarían con una base más clara para usar líneas discontinuas al excluir partes no reivindicadas, y la práctica sobre vistas tendería a alinearse mejor con los estándares ya manejados por la Oficina Internacional de la OMPI. Si ese enfoque se confirma en la legislación y en las reglas de aplicación, quienes utilizan un mismo juego de dibujos para varios países deberían encontrar menos requerimientos de corrección al entrar en Australia. En términos prácticos, Australia no solo estaría ampliando lo que puede protegerse, sino reduciendo fricción en la gestión internacional de carteras de diseños.

La CNIPA ha introducido una nueva medida para acortar los plazos de examen en oposición y nulidad de marcas, y el cambio más llamativo es un piloto procedimental para un grupo muy concreto de casos de mala fe. Según la comunicación oficial, cuando el asunto apunte a una apropiación marcaria a gran escala y el titular registrado no responda en la fase de nulidad sin causa justificada, el expediente podrá pasar de una revisión colegiada a una revisión por examinador único.

La relevancia práctica no está solo en ganar semanas. En muchos conflictos de marca, la demora no nace de una dificultad jurídica extraordinaria, sino del desgaste que provocan patrones repetitivos de acaparamiento, respuestas vacías y una ocupación innecesaria de recursos procedimentales. La CNIPA prevé que el ciclo medio de resolución para este tipo de asuntos pueda bajar de cuatro meses, una señal de que la respuesta administrativa frente al registro marcario de mala fe empieza a medirse también por su capacidad de reaccionar con más rapidez.