La retirada del borrador sudafricano de política nacional de IA no fue un simple tropiezo editorial. El documento cayó porque una política llamada a ordenar el uso confiable de la inteligencia artificial apareció sustentada en referencias académicas ficticias, aparentemente generadas sin verificación suficiente. El texto se publicó para comentarios el 10 de abril, fue retirado por el ministro Solly Malatsi el 26 de abril y, para el 26 de mayo, el gobierno ya hablaba de una reescritura a cargo de un panel independiente, con nueva consulta pública prevista para enero de 2027.
La relevancia del episodio va bastante más allá de Sudáfrica. Para equipos jurídicos, responsables de PI y áreas de cumplimiento, la lección de fondo no es que la IA generativa pueda alucinar. Eso ya no sorprende a nadie. Lo verdaderamente incómodo es otra cosa: cuando contenido generado por IA entra en políticas, informes regulatorios, análisis legales o documentos externos de negocio, el riesgo deja de ser un mero error factual y pasa a convertirse en un problema de autoridad, trazabilidad, higiene de derechos y responsabilidad institucional.
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