Actualidad de PI

El debate argentino sobre los sistemas internacionales de solicitud ha vuelto al centro de la agenda. El acuerdo recíproco de comercio e inversión entre Estados Unidos y Argentina fijó para 2026 la presentación del PCT al Congreso y dejó al Protocolo de Madrid y al Acta de Ginebra del Sistema de La Haya dentro del paquete de tratados que deberían remitirse antes de que termine 2027. A la vez, un documento reciente de comisiones en Diputados muestra que el PCT dejó de ser un expediente dormido y volvió a una discusión legislativa real, con argumentos favorables que también subrayan la utilidad del sistema de Madrid para empresas con vocación exportadora.

Eso no equivale a una adhesión inmediata. La parte difícil empieza después: rediseñar aranceles, ordenar la transición digital del INPI y evitar que una apertura internacional más amplia choque con una capacidad de examen insuficiente. Para los solicitantes, la lectura práctica es bastante directa: conviene revisar desde ahora qué mercados priorizar, cuánto presupuesto reservar y cómo coordinar patentes, marcas y diseños. Si el proceso avanza más rápido de lo esperado, la ventaja estará del lado de quienes ya tengan preparada su estrategia.

IP Australia ha confirmado que, a partir del 1 de julio de 2026, el aviso relativo al exceso de reivindicaciones en solicitudes de patente dejará de activarse según la referencia actual de "unos seis meses antes del examen previsto" y pasará a emitirse dentro de un plazo fijo de tres meses desde la presentación de la solicitud de examen. No es un ajuste menor de calendario. Vincular el aviso a un hito concreto del expediente da a los solicitantes una oportunidad más clara para revisar el número de reivindicaciones antes del examen y ordenar mejor el coste oficial y la estrategia de tramitación.

La mejora principal es la previsibilidad. En lugar de depender de una fecha estimada que puede variar según el área tecnológica, el nuevo sistema conecta la ventana de reacción con un acto que controla el propio solicitante. IP Australia también ha indicado que, por regla general, los expedientes ordinarios no serán examinados dentro de esos tres meses, aunque las solicitudes de examen acelerado y algunos divisionales pueden avanzar antes. En la práctica, conviene tratar la petición de examen como el momento natural para volver a mirar el volumen de reivindicaciones, y no esperar a que el recordatorio llegue cuando el margen ya sea más corto.

La Oficina Japonesa de Patentes ha publicado su análisis de información de patentes basado en la Green Transformation Technologies Inventory (GXTI), una herramienta que aplica criterios de búsqueda comunes para visualizar la evolución global de las solicitudes en tecnologías GX entre 2010 y 2021. Según la JPO, Japón mantiene una posición muy fuerte en invenciones con proyección internacional dentro del conjunto GX, con especial peso en solar fotovoltaica, ahorro energético en edificios y baterías secundarias; en estas últimas, además, los solicitantes japoneses lideran en familias internacionales altamente citadas. No se trata solo de una estadística sectorial: la JPO presenta la GXTI como una base comparable para leer la competencia tecnológica con más detalle.

La lectura práctica es bastante clara. En tecnología verde ya no basta con acumular solicitudes; importa qué activos justifican extensión internacional, qué parte del portafolio respalda alianzas o financiación y dónde empiezan a cerrarse las ventanas competitivas. Japón conserva una base muy sólida en renovables y almacenamiento, pero el propio análisis deja ver que otros actores ganan velocidad en algunos tramos. Para las empresas, la utilidad de la GXTI está en eso: convertir la vigilancia de patentes en una guía de prioridades, y no en un ejercicio posterior de reporting.

IP India ha emitido una alerta urgente tras detectar incidencias técnicas en la pasarela de pago Bharatkosh, que dejaron parte de sus servicios electrónicos con interrupciones y algunas solicitudes sin actualización correcta del estado después del pago. La oficina indicó que el sistema fue actualizado el 26 de mayo y recomendó a quienes encuentren anomalías conservar el comprobante de pago, los datos de la solicitud y el registro de la transacción, además de contactar cuanto antes con la autoridad competente.

No es solo una molestia técnica de corto plazo. Cuando el cargo se ejecuta pero el expediente no refleja el pago, el riesgo real pasa al terreno procedimental: duplicidades, errores de seguimiento y decisiones apresuradas cerca de un vencimiento. La reacción más prudente es simple: guardar capturas, recibos y marcas de tiempo, comprobar que el débito coincide con la referencia presentada y evitar un nuevo envío hasta confirmar qué quedó efectivamente registrado.

La Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido publicó el 27 de mayo de 2026 su nueva guía How to spot fake fashion when shopping second-hand y la reforzó al día siguiente con una nota oficial, en un momento en que el mercado de moda de segunda mano sigue creciendo. Elaborada con apoyo de Vinted, la guía ofrece a los compradores criterios más concretos para revisar precios anómalos, historial del vendedor, fotos del anuncio, servicios de verificación y métodos de pago dentro de la plataforma. La propia IPO informó además de que uno de cada cuatro compradores británicos de ropa de segunda mano adquirió una falsificación online sin saberlo en el último año, que uno de cada tres no verifica la autenticidad antes de comprar y que casi el 60% sufrió problemas de calidad, durabilidad o devoluciones tras recibir un producto falso.

No es solo una campaña de consumo responsable. El Reino Unido está empezando a meter la lucha contra las falsificaciones más adentro de la lógica de la reventa y de la economía circular, con más atención a los mecanismos preventivos de las plataformas. En un mercado que gana escala, la cuestión práctica ya no es solo cuánto se incauta después, sino si los marketplaces pueden detectar mejor, frenar antes y dar más señales de confianza cuando la operación todavía no se ha cerrado.

La declaración mexicana de uso real y efectivo al tercer año ya no es una gestión de mantenimiento que pueda tratarse como una mera formalidad. Para los registros comprendidos en este régimen, el titular debe presentar la declaración dentro de los tres meses posteriores al tercer aniversario y vincular el alcance subsistente de la protección a los productos o servicios que realmente están en uso. A medida que crece la conversación sobre tramitación digital, revisiones automatizadas y el riesgo de materiales de uso fabricados, este paso se parece cada vez menos a un formulario y cada vez más a una prueba de consistencia probatoria.

Lo que ya puede verificarse en fuentes públicas es suficientemente claro: la obligación aplica a los registros pertinentes concedidos a partir del 10 de agosto de 2018; omitir la presentación trae consecuencias de pérdida de derechos; y el contenido mismo de la declaración puede redefinir el alcance que seguirá protegido. La señal de alerta no está tanto en si la autoridad ya bautizó una herramienta específica, sino en si las capturas, facturas, folletos y constancias de distribución que muchas empresas antes utilizaban para “armar” el expediente todavía resisten un examen serio sobre fechas, identidad, territorio y correspondencia entre marca y productos o servicios.