Actualidad de PI

Por ahora, la U.S. Copyright Office sigue remitiendo públicamente a la versión preliminar publicada en mayo de 2025 de Copyright and Artificial Intelligence, Part 3: Generative AI Training, y no a una regla final ya vigente sobre entrenamiento de IA. Aun así, durante el último año el debate se ha vuelto mucho más operativo. Si el entrenamiento comercial de modelos sigue apoyándose en datos de plataformas, scraping de la web abierta y licencias de terceros, la procedencia de los datos, la cadena de autorizaciones y la ejecución real de los opt-outs de los titulares están dejando de ser una discusión abstracta para convertirse en una cuestión concreta de cumplimiento.

Para las plataformas de vídeo corto, redes sociales y otros servicios intensivos en UGC, la presión real no está solo en ofrecer una opción visible de “no usar para entrenamiento de IA”. Está en demostrar que esa instrucción baja de verdad al control de scraping, a las salidas por API, a los acuerdos de compartición de datos y a los flujos de desarrollo posteriores. La Copyright Office no ha publicado una regla técnica final obligatoria, pero la dirección ya es bastante clara: una plataforma que facilita acceso a datos para entrenamiento y no puede explicar cómo aplica opt-outs, límites de licencia y filtrado de contenido protegido tendrá más dificultades para defenderse como un conducto neutral en futuros conflictos de copyright.

El INPI de Brasil está empezando a concretar su política de aceleración para diseños industriales. Según la orientación más reciente, las solicitudes de diseño industrial que designen a Brasil por la vía del Sistema de La Haya podrán pedir gratuitamente un fast track en línea cuando el diseño del producto esté claramente vinculado con eficiencia ambiental o con soluciones de apoyo a la accesibilidad para personas con discapacidad. En los casos que entren en esa vía, la meta es llegar a un examen de fondo y una decisión en 30 días. Para los titulares que ya ven a Brasil como una pieza seria dentro de su estrategia de diseño en América Latina, esto no es un detalle procedimental menor: puede alterar el orden de lanzamiento, la ventana de divulgación y el momento para actuar frente al mercado.

La señal de política pública es incluso más interesante que la promesa de velocidad. Brasil no está utilizando La Haya solo como un corredor internacional más barato para presentar solicitudes. También está empezando a conectar la administración del diseño con objetivos de transición verde e innovación inclusiva. Cuando el trato prioritario se reserva para esas dos narrativas, ya no basta con tener un diseño visualmente distintivo. Pasa a importar más cómo se define el producto, cómo se explica su contexto de uso y cómo se ordenan los materiales de apoyo.

La Companies and Intellectual Property Commission (CIPC) de Sudáfrica ya ha trasladado la gestión de presentaciones relacionadas con casos a su Case Management System (CMS). En la Customer Notice 30 of 2026, y tras el lanzamiento del CMS el 27 de marzo de 2026, la CIPC indicó que desde el 31 de mayo de 2026 las direcciones de correo designadas para quejas, presentaciones estatutarias, notificación de documentos legales y comunicaciones relacionadas quedaron permanentemente desactivadas, por lo que esos asuntos deben tramitarse ahora exclusivamente a través del portal CMS.

No es un simple ajuste administrativo. Para los equipos que todavía organizaban quejas o notificaciones legales desde buzones compartidos, el cambio real es de método: preparación documental, disciplina de presentación, escalado interno y prueba de envío pasan a depender del portal. La CIPC está empujando un modelo con más trazabilidad y más control del tiempo de respuesta; en la práctica, seguir tratando el correo antiguo como plan B ya supone un riesgo procesal innecesario.

Una nueva lectura práctica publicada esta semana en Sudáfrica ha vuelto a poner a ClearVu en el centro. El fallo de referencia es de 2016, pero la señal sigue siendo muy actual: comprar la marca de un competidor como palabra clave oculta en Google Ads no convierte por sí solo la conducta en ilícita. La pregunta difícil sigue estando en otro sitio: si el anuncio que el usuario ve realmente crea confusión sobre el origen, la afiliación, el respaldo o la conexión comercial.

La lección más importante está un nivel más abajo. En ClearVu, la parte reclamante no litigaba desde una posición cómoda de infracción marcaria basada en un registro consolidado. Tuvo que apoyarse sobre todo en passing off y competencia desleal. Bajo la Trade Marks Act sudafricana y la propia orientación pública de CIPC, la vía estatutaria de infracción depende del registro. Por eso, en conflictos de keywords, tener o no tener marca registrada no es un detalle administrativo: suele decidir si el titular llega con una base jurídica más afilada o con una carga probatoria mucho más pesada.

En AI Everything x GITEX Kenya 2026, celebrado en Nairobi del 19 al 21 de mayo, la OMPI sacó la propiedad intelectual del rincón jurídico y la puso en el centro de la conversación sobre financiación. Su balance posterior deja una idea clara: no se trataba solo de mostrar herramientas como el sistema PCT, las marcas o WIPO IP Diagnostics, sino de plantear una cuestión mucho más concreta: si una empresa de IA puede convertir su tecnología y su marca en activos identificables, escalables y transferibles que un inversor pueda valorar con cierta seguridad.

Ese mensaje pesa especialmente en el ecosistema africano. La OMPI seleccionó a diez startups africanas para mentorías individuales y un IP Strategy Report adaptado a cada caso, y en las conversaciones públicas con inversores se presentó una solicitud PCT o una marca registrada como una señal relevante de capacidad de defensa y disciplina empresarial. No fue una simple jornada de sensibilización. Fue, más bien, un aviso: si antes de levantar capital no están claros las patentes, las marcas y la cadena de titularidad, gran parte de la capacidad de una startup de IA seguirá siendo relato, no activo.

Que ARIPO haya colocado la protección de las nuevas variedades vegetales en el centro de su agenda del 50.º aniversario no fue una decisión ceremonial. Los materiales oficiales muestran que el Protocolo de Arusha entró en vigor el 24 de noviembre de 2024 y que, por ahora, los Estados contratantes son Cabo Verde, Ghana, Ruanda y Santo Tomé y Príncipe, lo que ya permite presentar solicitudes a través de ARIPO para los Estados contratantes designados.

La clave práctica de esta semana no es que Cabo Verde se haya incorporado “de repente” al sistema. ARIPO lo viene incluyendo entre los Estados contratantes desde la entrada en vigor del Protocolo. Lo que cambia es otra cosa: el mercado empieza a tratar a Cabo Verde con mayor claridad como una designación operativa. Para empresas de agrotecnología, semillas y biotecnología, eso puede alterar el orden de presentación, la disciplina de divulgación, las conversaciones de licencia y la planificación de expansión regional. Aun así, no equivale a una vía única para cubrir toda África.