Actualidad de PI

El 24 de junio de 2026, el Departamento de Propiedad Intelectual de Tailandia (DIP) dejó ver un cambio importante en su estrategia contra la falsificación en línea. En coordinación con Meta Thailand y otros actores de plataformas, la prioridad ya no es solo retirar anuncios concretos, sino combinar detección automatizada, inteligencia digital y trazabilidad para conectar a vendedores anónimos con almacenes y puntos físicos de suministro.

El contexto explica la urgencia. El mercado tailandés de comercio electrónico B2C alcanzó los 970.000 millones de baht en 2025 y se proyecta en 1,8 billones para 2030. Sobre esa base, el DIP informó que, en los primeros cinco meses de 2026, las acciones recientes ya habían derivado en 116 arrestos y en la incautación de 224.042 productos falsificados. Para las marcas, la señal es clara: la gobernanza de plataformas, la observancia marcaria y la obtención de pruebas digitales están empezando a funcionar como una sola cadena de trabajo.

China ha abierto la consulta pública sobre el proyecto de segunda revisión de su Ley de Marcas, y la señal política es bastante clara: el legislador sigue endureciendo su posición frente a las solicitudes anómalas, los registros de mala fe y el acaparamiento de marcas sin una necesidad empresarial real detrás. Para las empresas, no se trata solo de un tono más severo. Cada vez será más difícil sostener una estrategia de registro demasiado alejada del uso comercial efectivo.

La relevancia de este movimiento tampoco se limita a los casos más visibles de usurpación o aprovechamiento de nombres ajenos. El problema de fondo es más amplio: carteras infladas, solicitudes en serie, coberturas excesivas por clases y marcas mantenidas como fichas de negociación o reserva estratégica. Si la segunda revisión sigue cerrando ese espacio, muchas compañías tendrán que revisar no solo qué registran, sino también por qué lo registran ahora, con qué alcance y con qué lógica probatoria podrían defenderlo después.

El 19 de junio de 2026, el Ministerio de Propiedad Intelectual de Corea (MOIP, antes KIPO) difundió un suplemento de mitad de año a sus Directrices de Examen para Invenciones Relacionadas con IA, en respuesta al aumento de resultados de I+D generados o asistidos por inteligencia artificial. La pregunta práctica ya no es solo si la IA puede participar en la investigación. La cuestión es cómo se separarán la autoría inventiva y el mero uso de herramientas cuando el avance alegado depende del fine-tuning, del reentrenamiento de parámetros, de la adaptación a un sector concreto o de la selección técnica de salidas del modelo.

La señal que deja esta actualización es bastante clara. Corea del Sur no se mueve hacia reconocer al modelo como inventor, pero tampoco parece dispuesta a tratar cualquier resultado apoyado en IA como una simple utilización rutinaria de software. Para las empresas y los equipos de I+D, el reto real pasa ahora por explicar mejor la contribución humana: quién definió el problema técnico, quién diseñó la ruta de ajuste, qué decisiones técnicas se tomaron durante la adaptación y qué mejoras quedan realmente respaldadas por la memoria.

La 7.ª All Africa Intellectual Property Summit ya tiene fecha y sede: se celebrará del 11 al 13 de noviembre de 2026 en Nairobi, Kenia, bajo el tema “Mainstreaming Intellectual Property for Africa’s Trade, Industrial and Creative Economy Transformation”. La formulación dice bastante. La propiedad intelectual deja de aparecer como una cuestión limitada al registro o a la observancia y vuelve a colocarse dentro de la estrategia comercial, la política industrial y la lógica de negocio de la economía creativa.

Para las empresas que siguen África desde la óptica de marcas, licencias, distribución de contenidos, manufactura o transferencia tecnológica, no se trata solo de una nueva cita del calendario. La señal es más profunda: la conversación empieza a desplazarse desde si la PI debe protegerse hacia cómo la PI puede funcionar como un activo operativo dentro de la integración de mercado impulsada por la AfCFTA. Ahí es donde empiezan las implicaciones comerciales reales.

Japón está dando una respuesta bastante más operativa a una duda que llevaba tiempo creciendo en los espacios virtuales: no todo activo 3D digital puede descansar con seguridad en el derecho de autor. Prendas virtuales, estructuras arquitectónicas inmersivas y otros objetos con apariencia utilizable pueden seguir encontrando protección autoral en algunos casos, pero cuando el activo se parece menos a una obra expresiva pura y más a un diseño explotable en términos comerciales, la vía sólida puede desplazarse hacia la Ley de Diseños revisada y otras herramientas complementarias.

La novedad práctica no se agota en cómo se clasifica el derecho. Para plataformas, operadores de videojuegos, servicios de espacios UGC y titulares de marca, la cuestión más delicada está en la gestión de reclamaciones. Cuando una denuncia mezcla derecho de autor, rasgos propios del diseño industrial y lógica de competencia desleal, la plataforma que quiera mantenerse dentro del ámbito de safe harbour ya no puede tratar todos los avisos como si fueran intercambiables. Empieza a importar más si la notificación explica con claridad qué derecho se invoca, qué objeto se compara y por qué la infracción alegada encaja en esa vía concreta.

Dos novedades legislativas del 17 de junio merecen leerse como parte de una misma señal regional. Uganda aprobó formalmente la reforma de su Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, endureciendo las sanciones frente a la infracción y la piratería en entornos digitales e introduciendo una supervisión más fuerte sobre la recaudación y distribución de regalías en plataformas. En Túnez, la comisión legislativa del parlamento dio luz verde a modificaciones de la ley nacional de derecho de autor para incorporar al derecho interno las excepciones del Tratado de Marrakech en favor de personas ciegas y con discapacidad para la lectura.

No son reformas idénticas, pero sí hablan el mismo idioma regulatorio. La política de derecho de autor en África ya no gira solo en torno a la protección clásica del titular o a la observancia fuera de línea. Empieza a concentrarse en dos asuntos más concretos: cómo ordenar la infracción y los flujos de ingresos en la distribución digital, y cómo ajustar las excepciones legales para que la accesibilidad tenga un encaje real dentro del sistema. Para plataformas, editoriales, entidades de gestión y negocios que viven de la circulación digital, el cambio es relevante.