Actualidad de PI

La Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido ha entrado en una fase distinta de su reforma digital de patentes. En su actualización de junio de 2026, indicó que aproximadamente tres cuartas partes de las solicitudes ya llegan por el nuevo servicio digital de patentes abierto al público desde el 1 de abril. Ese dato importa menos como cifra de adopción que como señal regulatoria: Web Filing y el uso de forms@ipo.gov.uk para solicitudes y gestiones de patentes ya tienen una salida anunciada, con una retirada que no se completará antes del otoño de 2026 y con al menos dos meses de aviso previo sobre las fechas exactas.

La noticia no consiste solo en apagar un canal viejo. UKIPO también está cambiando la forma en que el coste y el procedimiento aparecen dentro del propio recorrido de presentación. Entre las mejoras prioritarias figuran la visualización anticipada de tasas en la página de “Check your answers” y la posibilidad de cargar respuestas al examen directamente en PDF. Son ajustes operativos, sí, pero su efecto real va a notarse en la aprobación interna, en la práctica de tramitación y en el reparto del riesgo de tiempos dentro de los expedientes británicos.

El Observatorio de la EUIPO publicó su informe anual 2025 sobre publicidad online en sitios web y apps infractores, y las cifras no son marginales. En 5.671 sitios monitorizados, el 37% fue clasificado como ilegal y el 63% como de alto riesgo; el ingreso publicitario mundial estimado para esos sitios alcanzó 382 millones de euros en 2025. Además, la monitorización identificó 61.628 anunciantes únicos en sitios web, de los cuales 4.778 fueron clasificados como grandes marcas.

Lo relevante aquí no es solo que los sitios pirata sigan vendiendo espacios publicitarios. Lo más incómodo para el mercado es que presupuestos legítimos siguen llegando a tráfico infractor a través de cadenas programáticas fragmentadas. Para marcas, agencias y plataformas ad tech, esto ya no es un asunto periférico para el equipo jurídico. Se está convirtiendo en una cuestión de gobernanza: quién filtra el inventario, quién documenta las excepciones y quién responde cuando una marca legítima termina financiando un dominio ilícito o de alto riesgo.

El debate británico sobre IA y derecho de autor volvió a calentarse a finales de junio de 2026, pero el punto realmente importante no está en un simple gesto de apertura o de endurecimiento. Lo relevante son dos señales de política pública que ya resultan difíciles de ignorar. En su informe de marzo de 2026 sobre Copyright and Artificial Intelligence, el Gobierno se alejó de su antigua preferencia por una excepción comercial de text and data mining apoyada en mecanismos de reserva de derechos y transparencia. Al mismo tiempo, dejó ver que la protección especial del Reino Unido para las obras generadas íntegramente por ordenador podría haber dejado de tener una justificación sólida.

Esto no equivale todavía a una reforma legislativa final. Sí marca, sin embargo, un cambio serio de dirección. Para empresas de contenidos, plataformas, desarrolladores de modelos y compañías que despliegan productos de IA en el Reino Unido, las preguntas prácticas ya no se limitan a quién es titular de una salida. Ahora pesan más el acceso lícito a los materiales de entrenamiento, la viabilidad real de los sistemas de opt-out, el nivel de transparencia exigible sobre rastreo y entrenamiento, y la futura línea jurídica entre obras asistidas por IA y resultados sin autor humano identificable.

En torno al 26 de junio de 2026, varias autoridades de propiedad intelectual volvieron a poner en primer plano una estafa conocida: mensajes que aseguran que un tercero está a punto de registrar la marca del destinatario en el Reino Unido o en la Unión Europea, salvo que se dé de inmediato una instrucción pagada de “protección”. IPOPHL advirtió de forma expresa sobre una entidad radicada en el Reino Unido que opera bajo el nombre “Crown Mark” y aclaró que no mantiene ninguna relación oficial con esa firma ni con sus supuestos vínculos con oficinas de PI de Filipinas, Reino Unido, Australia o la Unión Europea.

Lo que ha cambiado no es solo la persistencia del fraude, sino su guion. Ya no se limita a la factura falsa o al recordatorio genérico de renovación. Ahora mezcla lenguaje procedimental, nombres reales de abogados y una apariencia de coordinación institucional para dar la impresión de que existe una vía oficial de intervención urgente. Para muchas empresas, sobre todo las que no tienen un equipo interno de marcas, esa puesta en escena resulta lo bastante verosímil como para precipitar una mala decisión.

El 25 de junio de 2026, la EUIPO informó que el SME Fund de 2026 ya ha superado su ecuador. Dentro del sistema de asignación por orden de llegada, algunas bolsas de ayuda para marcas y diseños ya se han agotado, pero siguen abiertas las subvenciones para búsquedas de anterioridades a nivel europeo y nacional, así como para el servicio de IP Scan. Para las pymes de la UE que todavía están definiendo su estrategia de patentes, eso significa que aún existe una vía útil para recuperar hasta el 75% de determinadas tasas oficiales.

La lectura de mitad de año deja una idea bastante clara: las ayudas más visibles vuelan primero, pero las que sirven para ordenar mejor una decisión de patente siguen disponibles. Para empresas que empiezan a internacionalizarse o que acaban de pasar de la fase de desarrollo a la de protección, este saldo restante puede ser más valioso de lo que parece, porque reduce coste y, sobre todo, evita presentar a ciegas.

La Oficina de Marcas de la CNIPA emitió una notificación fechada el 4 de junio de 2026, con efectos desde el 5 de junio, para cambiar la forma de notificación de determinados documentos en los procedimientos de cancelación por falta de uso durante tres años relativos a registros internacionales de Madrid que designan a China. La medida alcanza al requerimiento para aportar pruebas de uso o justificar la falta de uso, así como a las decisiones y avisos de cierre dictados cuando el titular no responde a tiempo; en lugar de remitir esos documentos directamente al titular por correo en papel, la CNIPA hará que la Oficina Internacional de la OMPI los reenvíe por vía electrónica.

No es un simple ajuste administrativo. Para muchos titulares del Sistema de Madrid, la cuestión decisiva ya no es si existe una notificación, sino si esa notificación llega al buzón correcto, al representante inscrito ante la OMPI y al equipo que maneja China con tiempo suficiente para organizar pruebas e instrucciones. Por eso el debate práctico ha seguido creciendo en la segunda mitad de junio: el punto débil se está desplazando del papel al flujo digital, y una mala derivación interna puede convertirse muy rápido en un problema de pérdida del derecho.