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Brasil y Perú prueban el examen colaborativo mientras INPI redefine su estrategia de largo plazo

El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Brasil (INPI) y el INDECOPI de Perú han llevado la cooperación en materia de patentes a una fase más operativa. El 11 de agosto de 2026, el INPI brasileño anunció el inicio de un proyecto de examen colaborativo que abarca un primer grupo de nueve solicitudes en ámbitos como productos farmacéuticos, química medicinal y biofármacos, biotecnología y productos naturales. Las solicitudes seleccionadas deben estar vinculadas mediante la vía PCT, contar con expedientes de la misma familia ante ambas oficinas y cumplir determinadas ventanas temporales de entrada en fase nacional. Una vez incorporadas al proyecto, avanzan con prioridad al examen técnico, aunque cada oficina mantiene su propia legislación sustantiva y sus criterios de examen.

Días después, el INPI de Brasil publicó su estrategia para 2027–2036. Leídas en conjunto, ambas iniciativas van más allá de una simple política de aceleración: una ensaya el reparto de trabajo sobre familias de patentes relacionadas y la otra incorpora productividad, calidad del examen, transformación digital, inteligencia artificial y cooperación internacional a un marco institucional de diez años. Conviene separar niveles. La estrategia decenal fija orientación y prioridades; cifras como un ciclo medio de decisión en patentes de unos 3,5 años y aproximadamente diez meses para marcas sin oposición deben entenderse mejor como referencias operativas de corto plazo vinculadas al ciclo actual de planificación del INPI, no como compromisos rígidos garantizados hasta 2036.

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No es una vía abierta de PPH para cualquier familia Brasil-Perú

La primera fase tiene límites bastante precisos. Las dos oficinas no han anunciado que toda familia con solicitudes correspondientes en Brasil y Perú pueda entrar automáticamente en examen colaborativo. El mecanismo actual funciona como un piloto seleccionado. Los primeros nueve expedientes pertenecen a sectores concretos de ciencias de la vida y deben cumplir requisitos relativos a la vía PCT y al momento de entrada en fase nacional. Para el solicitante, la ventaja inmediata es el adelanto del examen técnico, no el reconocimiento automático del resultado alcanzado por la otra oficina.

Esa diferencia es importante. Un PPH convencional suele aprovechar un resultado positivo de una oficina para solicitar aceleración en otra. El examen colaborativo se acerca más a una cooperación estructurada entre examinadores que trabajan sobre expedientes de familia sustancialmente relacionados, comparando búsquedas, documentos citados y razonamientos técnicos. Puede reducir duplicaciones y mejorar la coherencia, pero los resultados jurídicos todavía pueden divergir. Brasil aplica su Ley de Propiedad Industrial y las directrices del INPI; Perú opera, entre otras normas, bajo la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Una misma memoria y una misma prioridad no garantizan el mismo alcance de reivindicaciones.

Las ciencias de la vida son una prueba exigente, no un escaparate fácil

Si el objetivo hubiera sido demostrar únicamente rapidez administrativa, habría sido más sencillo comenzar por invenciones mecánicas de menor complejidad. Elegir productos farmacéuticos, biofármacos, biotecnología y productos naturales sugiere que ambas oficinas quieren comprobar si la colaboración aporta valor precisamente donde el examen técnico y jurídico es más difícil. Estas solicitudes pueden combinar cuestiones de novedad, actividad inventiva, suficiencia descriptiva, soporte, límites de materias de origen natural, secuencias, material biológico y usos terapéuticos.

Por eso, el indicador más interesante no será solo cuánto tardan los nueve casos. Habrá que observar si las oficinas consiguen crear patrones reutilizables de reparto de trabajo. Una búsqueda de anterioridades realizada por un examinador, ¿reduce de forma real el trabajo duplicado de la otra oficina? ¿El análisis de soporte o suficiencia ayuda a delimitar antes el punto de conflicto? ¿El intercambio técnico mejora la calidad y el foco de la primera acción oficial? Si la respuesta es afirmativa, el proyecto puede convertirse en una base para compartir capacidad de examen a escala regional. Si solo adelanta nueve expedientes en la cola, su alcance político será mucho menor.

La estrategia 2027–2036 cambia el foco del atraso hacia la capacidad institucional

La estrategia decenal del INPI brasileño no está planteada como una tabla fija de indicadores para diez años. Define una dirección institucional y deja los objetivos numéricos detallados a planes plurianuales y planes de acción anuales. Ese diseño importa. Durante años, el sistema brasileño de patentes se describió sobre todo a través del atraso acumulado. La nueva planificación plantea otra pregunta: una vez reducido ese atraso, ¿puede el INPI mantener capacidad de examen, calidad, previsibilidad presupuestaria e infraestructura digital de forma sostenida?

La inteligencia artificial aparece como herramienta para esa transición, no como sustituto del juicio jurídico. La planificación vigente del INPI ya contempla iniciativas de apoyo con IA en patentes, marcas y diseños industriales, y la estrategia de largo plazo vincula digitalización e IA con productividad y calidad. En la práctica, los primeros usos más plausibles están en búsqueda, clasificación, triaje de expedientes, asistencia documental y automatización de flujos. Para los solicitantes, el cambio más cercano puede ser un ritmo de examen más rápido y citas de anterioridades más concentradas, lo que obliga a preparar antes la estrategia de respuesta y las posibles modificaciones de reivindicaciones.

Los 3,5 años y los diez meses funcionan mejor como referencias operativas de corto plazo

Dos cifras concentran atención: un ciclo medio de decisión en patentes de alrededor de 3,5 años y unos diez meses para decisiones en marcas sin oposición. Esas metas encajan con la planificación operativa y con comunicaciones recientes de gestión del INPI, pero la estrategia 2027–2036 reserva los objetivos concretos a instrumentos posteriores de planificación. Por ello, es más prudente tratarlas como referencias actuales para medir el desempeño que como plazos garantizados para todos los años del decenio.

Aun así, su importancia práctica es alta. Si Brasil consigue sostener tiempos cercanos a 3,5 años mientras amplía el examen colaborativo, el PPH, las herramientas de IA y la automatización, la planificación de carteras cambiará. Para empresas farmacéuticas y biotecnológicas, un examen más temprano puede afectar la coordinación con hitos regulatorios y clínicos, solicitudes divisionales, presentación de datos adicionales, negociaciones de licencia y decisiones sobre reducción del alcance reivindicado.

Conviene preparar la coordinación de familias antes de que el piloto crezca

Las empresas con expedientes relacionados en Brasil y Perú ya pueden ordenar su información. Es útil revisar de forma conjunta la cadena de prioridad, el texto PCT, las diferencias entre reivindicaciones nacionales, la información de secuencias o material biológico, las principales anterioridades y el historial de tramitación en ambos países. Un problema frecuente es que dos solicitudes parten de la misma familia PCT, pero se separan progresivamente por modificaciones nacionales y respuestas distintas a cada oficina. Cuanto mayor sea esa divergencia, menor será el beneficio que puede extraerse del trabajo compartido.

También conviene crear una matriz de tramitación cruzada con las primeras acciones oficiales, documentos citados, modificaciones de reivindicaciones y puntos de controversia en Brasil y Perú. Si el examen colaborativo se amplía, la ventaja no estará en copiar una respuesta de una jurisdicción a otra, sino en identificar qué argumentos técnicos pueden reutilizarse y cuáles deben reconstruirse conforme al derecho local. Para carteras de ciencias de la vida, una arquitectura de reivindicaciones coordinada puede ser más valiosa que la velocidad por sí sola.

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El contenido de esta sección se ofrece únicamente con fines informativos y no constituye asesoramiento jurídico ni una recomendación formal de servicios. Para cualquier asunto concreto, le recomendamos considerar las circunstancias específicas de su caso y tomar como referencia la normativa, las políticas y la práctica más recientes de las autoridades competentes.