México sitúa la lucha contra la falsificación en línea en las propias reglas de las plataformas de comercio electrónico. El 21 de octubre de 2026, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), de la Secretaría de Economía, junto con la confederación industrial CONCAMIN, celebró una jornada cuyo eje fue la firma de una 'Declaración de Principios de las Plataformas Digitales en favor de la Propiedad Intelectual'. Conviene aclararlo de entrada: es un marco de cooperación gobierno-plataformas, una declaración de principios voluntaria, no un nuevo reglamento obligatorio.
Los firmantes abarcan la mayoría de los grandes marketplaces y minoristas de México: Alibaba, Amazon México, Mercado Libre, TikTok y Walmart México, además de Sears, Coppel y Sanborns, junto con el servicio postal mexicano (Correos de México); la Secretaría de Economía y el IMPI firmaron como testigos. El objetivo de la declaración es prevenir conjuntamente la publicación de productos falsificados o infractores, proteger a las personas consumidoras y fomentar la colaboración entre plataformas, comerciantes, titulares y autoridades.
La declaración fija cuatro líneas de acción muy prácticas: la identificación de comerciantes; la detección de mercancías falsificadas; la capacitación y mecanismos accesibles de denuncia para los titulares; y medidas frente a publicaciones presuntamente infractoras cuando existan fundamentos suficientes —con salvaguardas para evitar denuncias abusivas y perjuicios injustificados a los vendedores legítimos.
Para los titulares de marcas, el valor real no está en cuánta falsificación se aseguró ese día, sino en que un conjunto común de reglas —quién identifica, cómo denunciar, cómo se tratan las publicaciones, cómo se evita el abuso— queda ahora comprometido por escrito por las plataformas. Reúne prácticas dispersas en una sola lista de principios y da a la observancia entre plataformas una expectativa más coherente.
Pero atención a los límites: una declaración de principios no es una obligación vinculante, y su aplicación depende aún de las reglas y procesos propios de cada plataforma; queda por ver cómo funciona en la práctica, los plazos de las denuncias y los mecanismos de apelación y antiabuso. Tampoco cambia el marco vigente en México de marcas, derechos de autor ni observancia administrativa.
J&C recomienda que las marcas que venden o ejercen derechos a través de estas plataformas en México aprovechen esto para mapear los canales de denuncia para titulares y los materiales exigidos por cada plataforma, tengan listas las pruebas de marca y de titularidad y creen un registro de vigilancia y denuncias entre plataformas. Atienda también las cláusulas antiabuso: las denuncias deben apoyarse en fundamentos suficientes y en un rastro documentado, para no ser rechazadas o, peor, consideradas abusivas.
Fuente: www.gob.mx
