África replantea el copyright ante la IA y las regalías de plataforma

En agosto de 2026, la iniciativa estadounidense “IP for Growth” llevó el debate africano sobre derecho de autor más allá de la lucha clásica contra la piratería y lo situó en el terreno de la distribución digital, la recaudación de regalías y la inteligencia artificial generativa. Tras su presentación en Ginebra, se celebraron talleres del sector musical en Lagos y Johannesburgo, y el 19 de agosto Katherine Hiner, agregada de propiedad intelectual de la USPTO para África subsahariana, expuso públicamente las prioridades de la iniciativa. La cobertura regional y sectorial de los días 20 y 21 de agosto reforzó dos señales: los sistemas digitales de copyright deben resolver no solo quién tiene el derecho, sino también cómo se identifica y distribuye el ingreso; y los conflictos sobre entrenamiento de IA están siendo encuadrados cada vez más dentro de las doctrinas existentes de derecho de autor.

Una cifra concentró buena parte de la atención: en los talleres se citó una estimación según la cual Nigeria y Kenia dejan sin recaudar alrededor de 286 millones de dólares anuales en ingresos por música grabada. La respuesta política que se desprende de las comunicaciones públicas no es una única “ley de regalías de plataforma”, sino una combinación de tratados de internet de la OMPI, medidas tecnológicas de protección, información de gestión de derechos, organizaciones de gestión colectiva (CMO), observancia contra la piratería y análisis jurídico del uso de obras en sistemas de IA. Para plataformas, titulares y creadores, el punto práctico es si la titularidad, la licencia, el uso de datos y los flujos de pago pueden ser trazables y auditables al mismo tiempo.

El copyright digital empieza a parecerse a una infraestructura de ingresos

El mensaje más consistente de las comunicaciones públicas es que la observancia digital ya no se presenta solo como un problema de litigios o retirada de contenidos. Hiner destacó el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor y el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas, junto con las medidas tecnológicas de protección y la información de gestión de derechos. La lógica comercial es clara: el contenido puede circular de forma instantánea entre mercados, pero la información sobre quién autoriza, dónde y a cambio de qué no puede desaparecer durante ese recorrido.

Por eso las CMO ocupan una posición central. Los derechos musicales están fragmentados entre composición, grabación, intérpretes, edición y licencias territoriales. A escala, una plataforma no puede negociar individualmente con todos los titulares. Una CMO eficiente reduce costes de transacción, pero solo si su repertorio es preciso, las tarifas son transparentes, los acuerdos de reciprocidad cuadran, las distribuciones llegan a tiempo y los importes no identificados se gestionan con reglas claras.

Sería excesivo presentar “IP for Growth” como una propuesta pública para imponer gestión colectiva obligatoria a todos los servicios de streaming y vídeo corto. Lo que sí aparece con claridad es una exigencia de calidad institucional: cuando la licencia directa no es viable, la gestión colectiva debe funcionar como un nodo fiable, transparente y auditable dentro de la cadena de pagos. La presión regulatoria previsiblemente se concentrará en preguntas concretas: por qué no se recaudó un ingreso, por qué no pudo atribuirse y por qué no llegó al beneficiario correcto.

El fair use no equivale a una exención general para entrenar IA

La parte relativa a inteligencia artificial exige la misma cautela. En la sesión informativa del 19 de agosto, Hiner señaló que doctrinas existentes como fair use y fair dealing pueden desempeñar un papel relevante para equilibrar intereses de creadores e innovadores, y subrayó que los conflictos deben analizarse en función de los hechos y mediante los procesos jurídicos existentes. Eso es muy distinto de anunciar una exención general para extraer obras protegidas con fines de entrenamiento.

Para una empresa de IA generativa, afirmar que el entrenamiento constituye “fair use” no resuelve por sí solo el riesgo. Los litigios pueden depender del tipo de obra, la finalidad y escala de la copia, el origen de los datos, la posibilidad de reproducir expresión protegida, el efecto sobre mercados de licencia y la doctrina concreta de cada jurisdicción. Algunos países trabajan con fair use, otros con fair dealing y otros con excepciones más específicas de minería de textos y datos. En modelos entrenados con fuentes transfronterizas, esas diferencias dejan de ser un detalle.

Si algunos países africanos toman como referencia una lógica próxima al fair use estadounidense, ello no otorgaría automáticamente a las plataformas un derecho general a ingerir contenidos. Es más probable que surja una estructura de análisis basada en hechos: la plataforma deberá documentar procedencia y finalidad; el titular tendrá que identificar las obras y los intereses económicos afectados; y el regulador o el tribunal decidirá dónde está el límite. Para las empresas, un inventario de fuentes, una cadena de licencias verificable y mecanismos de exclusión son más útiles que una declaración jurídica abstracta.

La gobernanza de plataformas se desplaza de la retirada al flujo de regalías

Durante años, el cumplimiento digital en materia de copyright se asoció sobre todo con notice-and-takedown, enlaces piratas y cierre de cuentas. La estimación de 286 millones de dólares no recaudados apunta a un problema distinto: puede existir consumo legítimo y, aun así, el ingreso no ser identificado, medido o distribuido correctamente. La pérdida no siempre responde a piratería; también puede derivarse de metadatos incompletos, fallos en la identificación de titulares, licencias territoriales mal registradas, dificultades de conciliación entre plataformas y CMO, o modelos de licencia que no encajan bien con vídeo corto y contenido generado por usuarios.

La pregunta regulatoria cambia entonces de “¿retiró la plataforma el contenido infractor?” a “¿dispone la plataforma de un sistema fiable para identificar derechos y liquidar ingresos?”. Los servicios de streaming suelen contar con datos detallados de uso, pero el pago correcto depende de que esos datos se vinculen con identificadores de obras, información editorial y cadenas territoriales de derechos. En vídeo corto y UGC, la complejidad aumenta porque una misma publicación puede implicar simultáneamente derechos sobre grabación, composición, interpretación, adaptación y creación del usuario.

El siguiente paso no tiene por qué ser un régimen africano único de regalías. Es más plausible que aumenten gradualmente los estándares mínimos sobre reporte de datos, calidad de metadatos, transparencia de CMO y resolución de conflictos. Eso elevará el coste de cumplimiento de las plataformas, pero también la responsabilidad de los titulares sobre la calidad de su información. Sin datos fiables de titularidad, la plataforma no puede pagar bien; sin datos verificables de uso, el titular tampoco puede auditar ni reclamar con eficacia.

Qué deberían reforzar ahora creadores, entidades de gestión y plataformas de IA

Para sellos, editoriales y creadores, la prioridad no es esperar una nueva ley, sino convertir la cadena de derechos en un activo de datos verificable. Titularidad de grabaciones, composición, derechos de intérpretes, obras por encargo, licencias territoriales, sublicencias y mandatos a CMO deberían poder conciliarse entre sí. En distribución internacional conviene revisar periódicamente quién registra, quién recauda y en qué territorio. Una parte del ingreso no distribuido no se debe a la ausencia de derechos, sino a que el sistema no identifica al beneficiario correcto.

Las plataformas de streaming y vídeo corto deberían ampliar la gobernanza de copyright desde la gestión de reclamaciones hacia controles de licencia y liquidación. Fuentes de repertorio, reclamaciones conflictivas, duplicidades, sistemas automáticos de matching, cuentas transitorias, deducciones transfronterizas y conciliación con CMO deberían entrar en el ámbito de auditoría interna. Cuando además utilizan IA para recomendación, generación, música o transformación de contenidos, conviene separar el tratamiento necesario para prestar el servicio del uso de obras para entrenar modelos. Una cláusula amplia de términos y condiciones no sustituye esa distinción.

Las empresas de IA generativa deberían concentrarse en gobernanza de datos de entrenamiento: conservar registros de procedencia y método de obtención, distinguir entre datos licenciados, contenido públicamente accesible y material sujeto a restricciones, mantener canales de reclamación y retirada, y evaluar licencias directas o colectivas para catálogos de alto valor. Fair use o fair dealing pueden formar parte del análisis jurídico, pero no sustituyen la gestión de procedencia y permisos.

“IP for Growth” sigue siendo una iniciativa de política pública y creación de capacidades, no un código transfronterizo ya vinculante. Sin embargo, la dirección es clara: la próxima fase del mercado africano de copyright digital dependerá no solo de quién posee el contenido, sino de quién puede demostrar de dónde procede, quién lo autorizó, cómo se utilizó y dónde terminó el dinero. El entrenamiento de IA y las regalías de plataforma aparecen en la misma agenda porque ambos ponen a prueba la capacidad de la información sobre derechos para seguir el ritmo de la escala digital.