En la ACE 18 de la OMPI, África endureció su mensaje sobre copyright digital y control de plataformas

Las señales que dejó la 18.ª sesión del Comité Asesor sobre Observancia de la OMPI no son menores. Las páginas oficiales de la reunión muestran que la ACE 18 dedicó espacio relevante a la piratería digital, la responsabilidad de intermediarios, el bloqueo de sitios y las herramientas de observancia basadas en IA, mientras que la declaración del South Centre de junio de 2026 insistió en que la observancia de la propiedad intelectual debe ser proporcional, orientada al desarrollo y compatible con las flexibilidades del Acuerdo sobre los ADPIC. Leídas en conjunto, esas piezas muestran una disputa más nítida sobre los límites de la observancia del derecho de autor en el entorno digital.

La posición africana importa precisamente por eso. En el resumen del presidente, el Grupo Africano sostuvo que la observancia debe alinearse con los artículos 7 y 8 de los ADPIC y equilibrar los intereses de los titulares con el bienestar social y económico en sentido amplio. Suena a fórmula diplomática, pero su efecto político es bastante concreto: una parte creciente del Sur Global está rechazando que la gobernanza del copyright quede definida, de hecho, por TPMs, filtros automáticos, presión sobre intermediarios y procedimientos privados de plataforma.

Ya no se trata solo de combatir la piratería

El programa de la ACE 18 deja ver hasta qué punto se ha ampliado el marco de la observancia. Los materiales de la reunión agrupan piratería digital, participación de intermediarios en bloqueos de sitios, herramientas de observancia en línea y tecnologías de IA para perseguir infracciones. Cuando todo eso entra en una misma conversación regulatoria, la cuestión deja de ser únicamente cómo frenar infracciones claras. Pasa a ser quién define las reglas operativas del mercado cultural digital.

Ahí es donde la declaración del South Centre gana peso. No es un comentario de cierre sin consecuencias. Está respondiendo a un desplazamiento ya conocido: la observancia empieza con una finalidad plausible, luego se expande mediante medidas técnicas, reglas internas de plataforma y ordenación privada, y al final el equilibrio previsto por la ley de derecho de autor se vuelve cada vez más difícil de ejercer en la práctica. Para cuando un usuario, un investigador o un creador pequeño llega al análisis jurídico, el acceso puede haber sido bloqueado mucho antes por código, contrato o diseño del sistema.

Por qué las TPMs siguen siendo un punto de fricción tan sensible

Las medidas tecnológicas de protección suelen presentarse como un mecanismo puntual para impedir accesos o copias no autorizadas. En la práctica, hacen bastante más. Cuando se combinan con herramientas automáticas de detección, APIs restrictivas, controles contractuales y sistemas rápidos de retirada, no solo dificultan la infracción. También determinan en qué condiciones puede una persona acceder, examinar, citar, conservar, analizar o reutilizar materiales digitales.

Ese es precisamente el punto que preocupa al Sur Global. Las limitaciones y excepciones deberían preservar espacio para educación, investigación, crítica, bibliotecas, creación transformativa y, cada vez más, para ciertos usos de análisis de datos. Pero si el entorno práctico está construido en torno al bloqueo preventivo, esas flexibilidades pueden seguir existiendo en la ley y desaparecer en la experiencia cotidiana. Para países y creadores con menos recursos de licencia y menor poder de negociación, esa brecha no es abstracta. Define si el acceso legítimo sigue siendo real o si pasa a ser apenas nominal.

La gobernanza de plataformas se está convirtiendo en gobernanza de mercado

Muchas empresas todavía hablan del cumplimiento en copyright como si fuera sobre todo un problema de notice and takedown. Esa lectura ya se quedó corta. Los materiales en torno a la ACE 18 muestran un entorno político en el que el bloqueo de sitios, la responsabilidad de intermediarios, las narrativas que vinculan malware y piratería y la observancia asistida por IA se están integrando en una sola arquitectura de gobernanza. En ese marco, las plataformas no solo eliminan contenidos discutidos; también condicionan visibilidad, acceso, ranking y permanencia.

Las consecuencias distributivas suelen pasar desapercibidas dentro de grandes sistemas de cumplimiento. Las plataformas dominantes y los grandes titulares suelen absorber mejor una observancia cada vez más procedimentalizada. Tienen bases de datos de referencia, equipos jurídicos transfronterizos, canales preferentes y capacidad técnica para ejecutar reglas a escala. Los creadores pequeños, los medios locales, las instituciones educativas y los innovadores emergentes suelen enfrentarse a otra realidad: mayores cargas probatorias, restauraciones más lentas y menos margen para impugnar retiradas excesivas antes de que el daño económico ya esté hecho.

La IA generativa ha vuelto más agudo un problema antiguo

El South Centre ya había dejado dos ideas claras en su intervención ante el SCCR 48: que el copyright en el entorno digital debe servir también a los creadores del Sur Global, y que cualquier trabajo sobre TPMs resulta prematuro si faltan salvaguardias de desarrollo. Visto después de la ACE 18, ese marco gana fuerza. La gobernanza de la IA ya no se limita al debate sobre datos de entrenamiento. También alcanza el filtrado de salidas, la moderación de contenidos sintéticos, las restricciones de acceso, el control de señales y el propio diseño de la observancia en plataforma.

Dicho de otro modo, la misma lógica regulatoria se está extendiendo por dominios contiguos. Restricciones sobre datos, herramientas automáticas de reconocimiento, normas anticircunvención y presión sobre intermediarios tienden a favorecer a quienes ya cuentan con mejor acceso a datos, más poder de licencia y presupuestos de cumplimiento más profundos. Para los incumbentes, eso puede parecer gobernanza responsable. Para los actores tardíos y de menor escala, se parece más a un mecanismo que estrecha cada vez más el espacio para la reutilización legítima y la innovación asequible.

Qué deberían revisar ahora las empresas

La conclusión práctica no es que la observancia del copyright esté perdiendo legitimidad. Es que esa legitimidad dependerá cada vez más de la proporcionalidad, de la equidad procedimental y de que las flexibilidades protegidas sigan siendo utilizables en condiciones reales. Las empresas que operan plataformas, entrenan modelos, distribuyen contenidos digitales o gestionan cadenas transfronterizas de suministro cultural deberían revisar en qué puntos sus sistemas han pasado, casi sin notarlo, de una observancia dirigida a un control amplio del acceso.

Eso exige mirar más allá de las políticas escritas. Hay que examinar si los sistemas de reconocimiento de contenido, las restricciones de acceso a datos, los circuitos de reclamación, la lógica de reincidencia y los controles contractuales dejan un espacio realmente operativo para las excepciones legales y para quienes tienen menos recursos para defenderlas. El mensaje político que sale de la ACE 18 es bastante claro: un grupo cada vez mayor de países ya no acepta que la observancia digital del copyright se cuente solo como una historia de herramientas más duras y retiradas más rápidas. Si esa advertencia se ignora, la arquitectura actual puede terminar protegiendo mejor el control que la creatividad.