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La subida de tasas de la Oficina de Copyright de EE. UU. obliga a revisar los plazos de presentación

La Oficina de Copyright de Estados Unidos ha llevado al Congreso su primera revisión amplia de tasas desde 2020. El 14 de julio de 2026 remitió el cuadro final propuesto y su análisis; conforme al 17 U.S.C. § 708(b), el Congreso dispone de 120 días para aprobar una ley de desaprobación y, si no lo hace, la Oficina podrá aplicar las nuevas tarifas una vez concluido ese periodo, con la entrada en vigor prevista para el otoño de 2026. La tasa estándar de registro electrónico pasaría de 65 a 85 dólares, mientras que la Single Application subiría de 45 a 55 dólares. El registro agrupado de obras de un álbum (GRAM) también se encarecería: las obras musicales subirían a 85 dólares y las grabaciones sonoras, junto con fotografías, arte y textos de libreto vinculados al álbum, alcanzarían los 130 dólares.

Los incrementos más severos aparecen en la inscripción documental y los servicios urgentes. La tasa base para la inscripción electrónica de un documento de copyright subiría de 95 a 215 dólares, y cada transferencia adicional también pasaría a 215 dólares. El servicio de Special Handling para una solicitud de registro aumentaría de 800 a 1.100 dólares, mientras que la tramitación urgente de documentos subiría de 550 a 1.100 dólares. La Oficina justifica el ajuste por la necesidad de mejorar la recuperación de costes y ya redujo algunas cifras frente a propuestas anteriores tras recibir comentarios públicos. Para empresas que presentan numerosos registros, inscriben transferencias de titularidad o dependen de certificados acelerados antes de iniciar acciones de observancia, la cuestión práctica es el calendario: conviene revisar ahora los asuntos previstos para el cuarto trimestre y valorar si los expedientes maduros pueden presentarse antes de que entre en vigor la nueva tabla, así como si sigue siendo rentable agrupar solicitudes o solicitar tramitación urgente.

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El contenido de esta sección se ofrece únicamente con fines informativos y no constituye asesoramiento jurídico ni una recomendación formal de servicios. Para cualquier asunto concreto, le recomendamos considerar las circunstancias específicas de su caso y tomar como referencia la normativa, las políticas y la práctica más recientes de las autoridades competentes.