La garantía de costas del UPC eleva el riesgo inicial para las NPE sin activos

Una novedad procesal fechada el 22 de agosto de 2026 y atribuida a la División Local de París del Tribunal Unificado de Patentes (UPC) señala que el tribunal respaldó la solicitud de un demandado para exigir una garantía de costas en un litigio transfronterizo de patentes iniciado por una entidad no practicante (NPE). Según ese relato, cobran mayor relevancia la existencia de activos ejecutables, una actividad empresarial sustantiva y la capacidad real de la parte actora para satisfacer una eventual condena en costas. Si la resolución termina publicándose en esos términos, el cambio práctico no consistiría simplemente en obligar a ciertas NPE a inmovilizar más capital: la solvencia y la ejecutabilidad pasarían a ocupar un lugar más temprano en la gestión del litigio.

A 25 de agosto de 2026, los materiales del UPC accesibles públicamente no parecen incluir una resolución oficial que confirme todos los detalles atribuidos al 22 de agosto, por lo que conviene evitar afirmaciones categóricas sobre un supuesto rechazo automático de la demanda por falta de pago. Lo que sí está respaldado por la práctica publicada del UPC es que la Regla 158 del Reglamento de Procedimiento permite examinar la situación financiera del demandante y ordenar una garantía de las costas legales. La Regla 158.5 también permite consecuencias procesales si la garantía no se presta según lo ordenado, incluida una resolución en rebeldía, aunque la respuesta concreta sigue dependiendo de la valoración judicial del caso.

La Regla 158 empieza a funcionar como filtro temprano de riesgo

La función clásica de una garantía de costas es proteger al demandado frente al riesgo de obtener una condena en costas que después resulte imposible o muy difícil de ejecutar. La práctica del UPC está dando a esta herramienta una relevancia estratégica mayor. Decisiones anteriores de la División Local de París, incluido el asunto ICPillar de 2024, ya trataron la situación financiera del demandante como un factor material y ordenaron garantías por importes significativos. Procedimientos posteriores también han abordado el plazo, la forma admisible de la garantía y las consecuencias del incumplimiento.

La cuestión es especialmente sensible en litigios promovidos por NPE porque muchas entidades de afirmación de patentes operan mediante vehículos de propósito especial o sociedades con pocos activos operativos. Una estructura ligera en activos no equivale a mala fe y la condición de NPE no debería activar por sí sola una garantía. El punto decisivo es si existe un riesgo concreto de que una futura condena en costas no pueda recuperarse. Si el demandante carece de activos ejecutables relevantes, depende en gran medida de financiación vinculada al litigio o posee poco más que la patente discutida, el demandado dispone de una base más sólida para solicitar la garantía antes de que la fase de fondo genere costes elevados.

La clave es la ejecutabilidad, no el simple domicilio fuera de la UE

La jurisprudencia disponible del UPC no respalda una regla según la cual toda sociedad constituida fuera de la Unión Europea deba prestar garantía por ese solo hecho. Otras divisiones locales han subrayado que la incorporación en terceros países, incluidos Canadá o Estados Unidos, no demuestra automáticamente que una condena en costas vaya a ser difícil de ejecutar. Las solicitudes más sólidas se construyen con hechos: activos disponibles, ingresos operativos, finalidad societaria, titularidad de la patente, financiación de terceros, cargas sobre los ingresos derivados de la patente y la ruta real de ejecución transfronteriza.

Para el demandado, por tanto, no basta con escribir que la contraparte es una NPE. Una solicitud convincente debe conectar registros mercantiles, información financiera pública, titularidad de patentes, historial litigioso y mecanismos de ejecución con un riesgo específico de recuperación. Para el demandante, la consecuencia práctica es distinta: conviene preparar desde el inicio pruebas de liquidez, garantías bancarias, depósitos en cuenta o apoyos del grupo cuando exista la posibilidad de que la solvencia procesal sea cuestionada.

El incumplimiento puede ser grave, pero no opera como rechazo automático

La Regla 158.5 permite al UPC dictar una resolución en rebeldía cuando la parte actora no presta la garantía ordenada. La práctica publicada de la División Local de París muestra, sin embargo, que el tribunal también puede valorar la diligencia de la parte y las medidas concretas adoptadas para cumplir. Cuando los fondos se reservaron dentro del plazo, se pidió aclaración de forma activa y se presentó rápidamente una garantía adecuada tras recibir instrucciones, el tribunal no ha tratado la sanción más severa como inevitable.

La diferencia tiene consecuencias prácticas para ambas partes. El demandante no debería asumir que una apelación, una discusión sobre la forma de la garantía o una petición de aclaración suspenden automáticamente la obligación de cumplimiento. La demora puede convertirse con rapidez en una vulnerabilidad procesal. El demandado, por su parte, debe preparar no solo la solicitud inicial de garantía, sino también la petición de las consecuencias apropiadas si la orden no se cumple. La decisión final sigue siendo discrecional y depende del expediente.

La garantía de costas debe integrarse en la estrategia frente a NPE

Las empresas demandadas ante el UPC por una NPE suelen concentrar la defensa inicial en nulidad, inexistencia de infracción, riesgo de medidas cautelares y economía de un eventual acuerdo. La Regla 158 añade otra línea de trabajo. La evaluación temprana debería incluir el domicilio y la estructura societaria del demandante, la titularidad y monetización efectiva de la patente, los activos disponibles, la financiación del litigio y el rango de costas recuperables en función del valor del asunto. Si esos elementos apuntan a un riesgo real de ejecución, la garantía debería analizarse junto con las objeciones preliminares, la estrategia de nulidad y la conservación de pruebas.

Esta herramienta no eliminará los litigios de NPE. Las entidades bien financiadas y con activos transparentes seguirán pudiendo utilizar el UPC, y una patente válida no pierde su protección por el modelo de negocio de su titular. Pero los modelos que dependen de una capitalización mínima, de la dificultad de ejecutar costas en otro país y de la presión de acuerdo creada por la asimetría de costes tendrán que asumir una carga inicial mayor. Para las empresas con actividad en Europa, el análisis de ejecutabilidad financiera ya merece un lugar fijo en el protocolo de respuesta a una demanda ante el UPC.