El 7 de agosto de 2026, la Oficina de Propiedad Intelectual de Filipinas (IPOPHL) y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (NTC) pusieron formalmente en marcha un portal electrónico específico para el bloqueo administrativo de sitios web. Titulares de derechos audiovisuales, empresas de software y propietarios de marcas notorias pueden presentar directamente pruebas de infracción en línea; una vez adoptada la determinación correspondiente por IPOPHL, los proveedores de acceso a Internet pueden recibir instrucciones para restringir el dominio a nivel DNS, con un procedimiento concebido para avanzar en cinco días laborables. La primera ejecución incluyó más de 20 sitios transfronterizos de streaming pirata.
El cambio reduce la dependencia de la vía más lenta basada en obtener previamente una orden judicial y convierte la preparación de pruebas, la identificación de dominios y la vigilancia continua en tareas más decisivas para los titulares. La rapidez administrativa también hace más importante que existan criterios claros de evaluación y vías adecuadas de oposición y revisión. El bloqueo puede acortar la vida comercial de operaciones de piratería y falsificación a gran escala, pero su eficacia sostenida dependerá de cómo se traten los errores y de la capacidad para responder a operadores que trasladan rápidamente su actividad a nuevos dominios.
