Las modificaciones de 2026 del Protocolo de Banjul de ARIPO entraron en vigor el 1 de marzo, pero su impacto operativo se aprecia con mayor claridad a medida que los profesionales trabajan bajo el nuevo marco. Dos puntos concentran ahora el riesgo práctico. Los Estados designados disponen de seis meses para comunicar la aceptación, la aceptación condicionada o el rechazo tras el examen sustantivo; si no hay comunicación dentro del plazo previsto, la solicitud se considera aceptada. La reducción del calendario obliga a revisar cómo se supervisan los expedientes y las decisiones nacionales dentro de una cartera ARIPO.
La otra presión aparece en el presupuesto. La tabla de tasas de 2026 establece un recargo de 10 dólares estadounidenses por cada palabra que exceda de 50 en la lista de productos de una clase. Las especificaciones extensas, especialmente cuando se trasladan sin depuración desde otros sistemas, pueden generar costes adicionales relevantes. La respuesta no debería ser recortar descripciones de forma automática: conviene revisar conjuntamente la clasificación, el alcance comercial y el número de palabras antes de presentar. En la práctica, la reforma está convirtiendo la gestión de plazos y la redacción de especificaciones en dos controles básicos de cualquier nueva solicitud ARIPO.
